Esta semana el Gobierno Nacional publicó una serie de decretos que, además de despertar preocupaciones en varios sectores, ratifican lo lejos que está dispuesto a llegar para la consecución de flujo de caja ante la grave crisis fiscal y en medio de una recta final que coincide con la campaña electoral. Se trata de varias normas expedidas bajo la sombrilla de la emergencia económica para atender la ola invernal en Córdoba, así como de un polémico proyecto de decreto de traslado de ahorros pensionales.

Sin desconocer la magnitud de la tragedia y su impacto sobre decenas de miles de hogares en ocho departamentos, es válido preguntarse si la financiación de la atención al desastre y si los alcances de las medidas anunciadas son los adecuados, incluyendo la posibilidad de haber empleado los recursos ordinarios de la institucionalidad para el manejo de estas emergencias. Más allá de que la intensidad de las precipitaciones pueda considerarse un hecho sobreviniente que justifique la declaratoria del estado de excepción, lo cierto es que la administración Petro la está usando para imponer una reforma tributaria “por la puerta de atrás”.

Uno de los decretos –el 0173– introduce un impuesto al patrimonio temporal para empresas con patrimonios líquidos superiores a 10.500 millones de pesos. Además de establecer una tasa discriminatoria en contra del sector financiero y el minero-energético, esta medida –que podría recoger hasta 13 billones de pesos– constituye una carga adicional a un sector privado ahogado, que sufre las actuales dificultades para la inversión y la inestabilidad en las reglas del juego en materia tributaria.

A lo anterior hay que añadir disposiciones en el Decreto 0177 que imponen una sobretasa del 2 por ciento a las ventas brutas de energía de 16 termoeléctricas y 35 hidroeléctricas por seis meses. Esta decisión golpea a este sector que enfrenta constantes amenazas a su estabilidad financiera y regulatoria. Las sobrecargas a las instituciones financieras, las mineras, las petroleras y las energéticas solo conducen a una menor competitividad, menos solidez operativa y riesgos de sostenibilidad.

Ni el Decreto 0174 ni el 0175 han estado exentos de alertas por ‘micos’ y otras medidas que abrirían peligrosas puertas al derroche y el abuso. La primera norma está destinada a brindar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) los instrumentos para reubicar unidades de producción agropecuaria y restablecer los bienes de los miles de damnificados. No obstante, el texto de la norma convertiría a la ANT en una ‘policía administrativa’, capaz de expropiaciones ‘exprés’.

Por el lado del Decreto 0175, la preocupación consiste en la eventual autorización al Gobierno Nacional para desplegar “contratación directa”, sin límites y saltándose la ley de garantías. En plena temporada electoral y siendo el aparato de gestión de desastres el foco de uno de los peores escándalos de corrupción de la administración Petro, los temores sobre un uso con fines de campaña de estos billonarios recursos son entendibles.

Este afán desesperado de la Casa de Nariño por extraer recursos frescos de los bolsillos de las empresas que son el pilar del desarrollo económico se extendió esta semana al frente pensional. Un proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo ordena a los fondos privados de pensiones transferir, en un plazo de quince días, a Colpensiones los ahorros de más de 119.000 colombianos que tomaron la “ventana de oportunidad de traslado”. Esto implicaría el movimiento de unos 25 billones de pesos a las arcas públicas.

Por el lado del Decreto 0175, la preocupación consiste en la eventual autorización al Gobierno para usar ‘contratación directa’, sin límites y saltándose la ley de garantías. Los temores en plena campaña política son entendibles

Un ‘traslado exprés’ que desata dudas jurídicas, financieras y fiscales. En primer lugar, la propia reforma pensional ordena que el dinero ahorrado sea administrado por el fondo privado hasta que se cumplan los requisitos de jubilación. Es decir, el gobierno Petro aspira a modificar el texto de una ley, promovida por la misma Casa de Nariño, con un decreto, una norma de inferior jerarquía. Además, por el plazo tan perentorio, las inversiones tendrían que venderse desfavorablemente, con negativos efectos económicos. De materializarse el decreto, este daño no solo sería irreversible, sino que constituiría la abierta intención gubernamental de apropiarse del ahorro pensional de miles de compatriotas para su gasto en época electoral.

Esas fueron precisamente las alertas que se dispararon en medio de los debates parlamentarios del proyecto de ley de la reforma pensional. En incontables ocasiones, muchas voces advirtieron del peligro de abrir la puerta a que se usen estos recursos para la jubilación futura de colombianos para gasto público en el presente. Claramente, el ‘blindaje’ que se prometió oficialmente no se está cumpliendo.

Todas estas alarmas se derivan de esa desesperada búsqueda de recursos frescos por parte del Gobierno para financiar su desbordado gasto público, su incontrolable derroche y su creciente burocracia. Recursos que saldrán de las empresas privadas y del ahorro pensional de miles de colombianos. Esto es muy serio y debería evitarse a toda costa.

EL TIEMPO hace parte de un grupo de empresas que incluyen un fondo privado de pensiones.

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