Por una ley de protección pública para los sistemas alimentarios locales
El sistema alimentario predominante se ha convertido en uno de los mayores, sino el mayor, problema para el planeta y, de rebote, para la humanidad. Es uno de los mayores causantes de la emergencia climática, un sector clave en la destrucción y erosión de los ecosistemas, responsable de contaminación de suelos, tierras y aires o el principal riesgo de salud en el Estado, entre otras muchas cosas.
El cómo y por qué producir alimentos ha pasado de ser fuente de vida a un armagedón descomunal, requeriría un análisis más extenso, pero en cualquier caso es, ahora sí, imprescindible poner en marcha ya la transición alimentaria hacia modelos más locales, saludables y sostenibles. Un sistema que ponga el derecho a la alimentación en el centro y, por tanto, que asegure dietas sanas y propias a precios accesibles, sistemas descentralizados, adaptados a las características del territorio, por tanto ligados al comercio local. Necesitamos un sistema alimentario más democrático dónde la ciudadanía tengamos derecho a definir nuestro modelo alimentario y no que lo decida, como ocurre en la actualidad, un oligopolio de cinco grandes cadenas de distribución. Un sistema basado en un modelo de producción agroecológica integrada por tanto dentro de los límites ecológicos que tenemos.
Existen centenares de propuestas, todas perfectamente validadas, de cómo hacer esta transición, y casi ninguna de ellas se ha puesto en marcha debido al bloqueo permanente del agronegocio y de los gobiernos que defienden sus intereses a costa del bienestar general. Es más, el derecho humano a una alimentación adecuada es uno de los más pisoteados a escala planetaria. Para implantar todas estas propuestas, para poner en marcha esta transición alimentaria, se necesitan muchas cosas, pero la........
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