Opinión A vueltas con el certificado de vulnerabilidad: una mirada desde las Clínicas jurídicas universitarias

Hay una diferencia importante entre aprender Derecho y aprender a ejercerlo y, todavía más, comprender su significado social. En las aulas se estudian normas, jurisprudencia, dogmática, pero el ordenamiento jurídico no se agota en lo codificado: se construye también sobre principios generales, sobre interpretación sistemática, sobre la tensión permanente entre lo que la norma dice y lo que la realidad exige. Esa tensión no se aprende en un manual, sino en la práctica, que cuando se ejerce con vocación de servicio y compromiso social, tiene la virtud de hacer visibles las grietas del sistema que el texto legal nunca reconocerá.

Eso es lo que hacemos en una Clínica jurídica. No somos una actividad extracurricular de relleno; sino futuras y futuros juristas que, trabajando en el mismo plano con el equipo docente, identificamos deficiencias en procedimientos y entramados normativos, con personas reales al otro lado de la mesa. Y en este momento, pocas deficiencias son tan flagrantes como las que está generando el proceso de regularización extraordinaria.

El reportaje sobre la labor de las entidades colaboradoras en el proceso de regularización, publicado en este medio el pasado 5 de mayo, lo documenta: entidades pequeñas desbordadas, criterios municipales dispares, plazos que se acortan, y un requisito —el informe de vulnerabilidad— que ha convertido un proceso ya de por sí exigente en un laberinto procedimental. Las Clínicas Jurídicas de la Universidad de La Rioja y de la Universidad de Salamanca ya presentamos un........

© El Salto