Análisis La absolución de El Jincho diez años después de La Manada: cuando la duda recae sobre la víctima

La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al rapero David Calvo Villa, conocido artísticamente como El Jincho, una figura que en los últimos años ha trascendido el ámbito musical por sus posicionamientos públicos de extrema derecha y su apoyo a Vox, y también a Osiris El Enemy de la agresión sexual denunciada por una joven de 17 años tras un concierto celebrado en noviembre de 2023. La sentencia, hecha pública el pasado 1 de julio y todavía recurrible, concluye que no puede alcanzarse una convicción “más allá de toda duda razonable” sobre cómo ocurrieron los hechos y absuelve a ambos acusados.

La denunciante tenía 17 años y un 41 % de discapacidad reconocida por un trastorno de conducta. Residía en un centro de protección de menores y tenía reconocido un grado uno de dependencia. La propia resolución recoge que las médicas forenses consideraron que ese trastorno “no le impedía conocer el alcance de sus actos”, extremo incorporado a la valoración probatoria del tribunal.

La Audiencia fundamenta la duda razonable en distintos elementos: las contradicciones que aprecia entre las declaraciones de la denunciante, el testimonio de la amiga que la acompañaba, las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, las conversaciones mantenidas con uno de los acusados horas después de los hechos y la interacción de la joven con el recepcionista del establecimiento. También considera que no ha quedado acreditado que los acusados supieran que era menor de edad, al haber accedido excepcionalmente a la zona VIP de un concierto al que, en principio, no podían asistir menores.

Pero el interés de esta sentencia no reside únicamente en su desenlace. También está en la forma en que construye esa duda.

Una parte relevante del razonamiento judicial descansa sobre la interpretación de comportamientos posteriores de la denunciante: que habló con aparente normalidad con el recepcionista y preguntó dónde comprar comida sin pedir ayuda; que las cámaras no registraron signos externos de violencia o coacción; que horas después escribió mensajes manifestando su intención de irse a Madrid con uno de los acusados o que, según declaró su amiga, continuó escuchando la música de uno de ellos y expresó su deseo de volver a verlo.

En los delitos contra la libertad sexual, la valoración de la credibilidad rara vez se limita al hecho denunciado. Con frecuencia se desplaza hacia las decisiones que la denunciante tomó antes, durante y después de la agresión.

Los magistrados afirman expresamente que, “sin prejuzgar cuál pudiera ser la reacción esperable de una persona que afirma haber sufrido una agresión sexual”, el hecho de que preguntara por comida sin solicitar auxilio constituye “un dato objetivo” para valorar la coherencia de su relato. En otro pasaje sostienen que los mensajes enviados posteriormente “no ofrecen duda de que el ánimo” de la joven “no era precisamente de sentirse perturbada por lo ocurrido”.

La cuestión que plantea este caso no es únicamente qué valor probatorio atribuye el tribunal a esos comportamientos. Es también desde qué marcos adquieren significado. Porque la justicia no interpreta los hechos desde un lugar neutral o ajeno a la sociedad de la que forma parte. También opera dentro de marcos culturales, jurídicos y sociales atravesados por relaciones de poder y por una larga tradición patriarcal que la teoría jurídica feminista lleva décadas analizando críticamente.

En los delitos contra la libertad sexual, la valoración de la credibilidad rara vez se limita al hecho denunciado. Con frecuencia se desplaza hacia las decisiones que la denunciante tomó antes, durante y después de la agresión: por qué fue, por qué no pidió ayuda, por qué volvió a hablar con el presunto agresor o por qué tardó en denunciar. Ese desplazamiento del foco —desde la conducta atribuida al acusado hacia la conducta de quien denuncia— constituye uno de los principales objetos de análisis de la........

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