La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado una advertencia al Ejecutivo central: si antes del 10 de mayo no se atiende su requerimiento para evaluar el coste que supondrá a las comunidades autónomas la implementación de la Ley de Eficiencia Judicial, su gobierno interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. Esta amenaza se produce tras la aprobación de una ley que, según Ayuso, supone un "nuevo intento de control del Poder Judicial".

La Ley de Eficiencia Judicial fue aprobada en noviembre del año pasado con el respaldo del bloque de investidura, frente a la oposición de PP y Vox. Según fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, esta normativa culmina la "mayor modernización y transformación de la Justicia en décadas", acercando la Justicia "a las personas" y destacando su valor como servicio público. Sin embargo, los sectores más conservadores del Congreso no han perdido la oportunidad para criticar cada una de las medidas que establece esta nueva ley.

Una de las medidas más destacadas de la ley es la eliminación de las

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