Los casos no caen sueltos. Se acumulan. Se pisan unos a otros. Y a veces acaban componiendo una fotografía demasiado nítida. Kitchen vuelve a señalar a la cúpula del PP trece años después. El informe de la UCO sobre el novio de Ayuso sigue sin llegar. Montoro continúa atrapado en una instrucción interminable. Peinado procesa a Begoña Gómez en pleno tiempo político. Y el fiscal general recurre al Constitucional una condena que la propia Fiscalía considera lesiva para derechos básicos. La imagen de conjunto tiene nombre.

No hace falta sostener que exista una conspiración cerrada, centralizada y perfecta para apreciar el dibujo. Basta con mirar el reloj. Basta con seguir la dirección del foco. Basta con comparar qué causas irrumpen con velocidad, qué otras se atascan durante años y cuáles llegan al juicio ya recortadas, enfriadas o políticamente amortiguadas. A un año de las próximas elecciones generales, esa secuencia vuelve a dejar una sensación conocida en la izquierda: la maquinaria judicial y parajudicial no castiga igual, no corre igual y tampoco desgasta igual. Esa desigualdad es precisamente lo que convierte el lawfare en algo más eficaz que una simple causa judicial discutible. Lo convierte en clima, en narrativa, en ventaja política acumulada.

Kitchen es el mejor espejo de ese doble rasero. El principal investigador de Asuntos Internos declaró esta semana en la Audiencia Nacional que la operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas fue coordinada “en el ministerio” y volvió a apuntar a las cúpulas de Interior y de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En su testimonio reaparecieron además los alias de “El Asturiano” y “El Barbas” como referencias al expresidente del Gobierno. No es una........

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