La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno ha abierto una vía de esperanza para cientos de miles de personas migrantes en situación irregular en España. Sin embargo, la medida también ha dejado fuera a dos colectivos especialmente vulnerables: las personas apátridas y un grupo significativo de menores extranjeros no acompañados cuya edad ha sido cuestionada. Ambos comparten una característica común, no siendo otra que la imposibilidad de encajar en los requisitos administrativos del proceso, lo que los sitúa en un limbo legal de difícil salida.

En el caso de las personas apátridas, su exclusión no responde a una ausencia de necesidad de protección, sino a la existencia de un procedimiento específico gestionado por el Ministerio del Interior para el reconocimiento de este estatus. Según este planteamiento, quienes carecen de nacionalidad ya cuentan con un marco legal propio que les permite, en teoría, acceder a derechos como la residencia o el trabajo. Esta interpretación fue respaldada por el Consejo de Estado, cuyo informe jurídico avaló su exclusión del decreto final.

No obstante, la realidad administrativa dista de ser ágil. Los procedimientos de apatridia pueden prolongarse tomar extensos períodos de tiempo, incluso años,........

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