La vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Conviene recordarlo desde el principio porque en Andalucía el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla lleva años intentando desviar responsabilidades hacia otras administraciones. Pero la realidad es incontestable. Si los alquileres se han disparado hasta niveles históricos, si miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y si trabajadores esenciales están empezando a abandonar o rechazar empleos porque no pueden permitirse vivir cerca de su puesto de trabajo, el máximo responsable político está en San Telmo.

Y las consecuencias ya son visibles. La política de vivienda del Gobierno andaluz no solo está agravando la desigualdad social. También está empezando a provocar un problema económico y laboral de enorme magnitud. Sanitarios durmiendo en coches o caravanas porque no pueden pagar un alquiler en Marbella. Camareros que rechazan trabajar en la Costa del Sol porque el sueldo no les llega para cubrir una habitación. Profesores que no encuentran vivienda asequible en municipios turísticos. Andalucía empieza a expulsar a los trabajadores que sostienen la sanidad pública, la educación y el turismo.

Los datos son demoledores. Desde que Moreno Bonilla llegó a la Junta en 2019, el precio del alquiler en Andalucía ha subido de forma descontrolada. Según los portales inmobiliarios de referencia, el precio medio ha pasado de rondar los 8,4 euros por metro cuadrado a superar ya los 13,5 euros. En términos reales, el incremento se acerca al 60% en apenas unos años. Y en provincias como Málaga, Cádiz o determinadas zonas de Sevilla y Granada, la subida ha sido todavía mucho mayor.

En Málaga capital y en numerosos municipios de la Costa del Sol, encontrar un alquiler asequible se ha convertido directamente en una misión imposible. Lo que antes era un problema limitado a determinadas zonas turísticas empieza ya a extenderse a buena parte de Andalucía.

Mientras tanto, Moreno Bonilla sigue negándose a aplicar la Ley Estatal de Vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una ley que permite declarar zonas tensionadas y limitar los........

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