La fórmula para limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya, principal escollo en la negociación de la ley

PSC, ERC, Comuns y CUP aceleran las negociaciones para ratificar la norma en julio mientras el Sindicat de Llogateres recela de que la aplicación quede en manos de los ayuntamientos

El Parlament acuerda tramitar por la vía rápida la ley contra la compra especulativa de vivienda

Manifestación convocada por el Sindicat de Llogateres en Sitges / Carola López

La limitación de la compra especulativa de vivienda es la columna vertebral del pacto de presupuestos entre el Govern y los Comuns. Sobre el papel, ambas partes fijaron que la norma se aprobaría antes del 31 de julio, y aunque aún hay margen, ese calendario empieza a entrar en tiempo de descuento. El martes, la junta de portavoces en el Parlament acordó tramitar las iniciativas presentadas por los Comuns y la CUP, que previsiblemente acabarán juntándose, por la vía de urgencia, pero falta cerrar el redactado final con ERC, imprescindible para que prospere.

Que se hayan apurado los tiempos se explica no solo por la necesidad de tejer un pacto a tres o a cuatro si los anticapitalistas se suman, sino porque el Sindicat de Llogateres pide cambios que los grupos de izquierdas están valorando cómo atender con la vista puesta en aprobar la norma en el último pleno de julio. El principal nudo está en el hecho de dejar en manos de los ayuntamientos el freno a la especulación, la fórmula que la Generalitat ve jurídicamente más viable.

Según lo pactado por Govern y Comuns, la vía para poner coto a la compra de pisos para hacer negocio sería modificar la ley de urbanismo para que los consistorios de las zonas tensionadas -en estos momentos son 271- puedan aprobar planes especiales urbanísticos. ERC, favorable a la medida, es más partidaria de modificar el Código Civil catalán, mientras que el Sindicat de Llogateres ve un riesgo el hecho de que la limitación quede a merced de las mayorías políticas en cada municipio y provoque que en algunos se impulse y en otros no, por lo que han puesto encima de la mesa que sea la Generalitat la que garantice una aplicación de forma automática en las zonas tensionadas.

No obstante, el Govern ve problemática, de partida,........

© El Periódico (ES)