¿Cómo se puede reformar la Constitución para blindar el aborto? El texto, los plazos y las mayorías necesarias
¿Cómo se puede reformar la Constitución para blindar el aborto? El texto, los plazos y las mayorías necesarias
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una propuesta que ya ha enviado al Congreso
El Gobierno reconoce que no será sencillo incluir el derecho al aborto en la Constitución / Marta Fernández - Europa Press
Miguel Ángel Rodríguez
El Gobierno quiere blindar el aborto y que este se convierta en un derecho constitucional. Varios meses después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara una iniciativa de Vox que exige informar a las mujeres que deseen abortar sobre la existencia de un supuesto 'síndrome post aborto', el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley de reforma de la Constitución para incluir el derecho a abortar y darle así una mayor protección. Este martes, el texto llegará al Congreso para su tramitación, donde aún quedan bastantes pasos para su aprobación. A continuación, todas las claves:
¿Qué plantea el Gobierno?
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley que plantea reformar el artículo 43 de la Constitución, relativo a la "protección de la salud". El texto impulsado por el Gobierno de PSOE y Sumar plantea la introducción de un nuevo punto, el 43.4, que reconocería "el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo". "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio", recalca la propuesta.
¿Cuál es el procedimiento ordinario?
La propia Constitución recoge dos vías para reformar el texto dependiendo de a qué partes afecte. En este caso, al tratarse de una reforma ordinaria, es el camino más fácil. El proyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros deberá ser tramitado ahora como cualquier otra ley. Primero, el texto será enviado a la Comisión Constitucional del Congreso, donde empezará su tramitación como una norma ordinaria. En este punto, todas las formaciones podrán registrar enmiendas a la totalidad y estas deberán ser debatidas en pleno.
Si la reforma consigue esquivar este primer filtro, la tramitación continuará en comisión para analizar las enmiendas parciales. Solo si se llega a un acuerdo mayoritario, el texto volverá al pleno del Congreso, donde deberá recabar el apoyo de tres quintas partes de la Cámara Baja, en lugar de las mayorías simples o absolutas que se suelen reclamar. En este caso, sería necesario el apoyo de 210 diputados. Después, la norma pasaría al Senado, donde también debería lograr el respaldo de tres quintos de los senadores, 159 en este caso.
¿Existe una vía más rápida?
Las tres reformas de la Constitución que se han aprobado y una cuarta que se está tramitando se han aprobado por una vía rápida que permite que el cambio esté listo en poco más de un mes. Sin embargo, esto requiere de un consenso pleno entre PP y PSOE, algo que no parece que no ocurrirá en esta ocasión.
¿Es necesario el 'sí' del PP?
Sí, para alcanzar estas mayorías es completamente imprescindible el apoyo del PP. Los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar) y sus socios (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria, Àgueda Mico (Compromís) suman 179 escaños en el Congreso, muy lejos de los 210 requeridos. Por lo que el PP se tendría que sumar para alcanzar esa mayoría. Además, los populares tienen mayoría absoluta en el Senado, por lo que no se podría aprobar nada en la Cámara Alta si ellos no están a favor.
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¿Se ha reformado otras veces?
Hasta el momento, la Constitución se ha reformado en tres ocasiones, siempre por el procedimiento ordinario. La primera en 1992, cuando se firmó en Maastrich el Tratado de la Unión Europea que reconocía el derecho de los ciudadanos de todo el espacio a presentarse a las elecciones locales de otros países. La segunda en 2011, en mitad de la crisis económica que arrancó en 2008, para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria vinculando a todas las Administraciones Públicas. La última, esta misma legislatura, para sustituir el término "disminuido" por "personas con discapacidad". Actualmente se está tramitando una cuarta reforma para que Formentera pueda elegir un senador propio, distinto al de Ibiza.
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