Vox presume de llevar al PP a su terreno en Extremadura y Génova rebaja las concesiones: “Se verá con el tiempo”

Desde la cúpula del PP niegan que haya excesivas cesiones a Vox, e incluso aseguran que según avance el tiempo se verá que no hay tales, mientras que en Bambú consideran un triunfo haber impuesto la agenda migratoria que defiende de la formación de Abascal

María Guardiola y Óscar Fernández Calle anuncian el acuerdo de gobierno en Extremadura / JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

Mariano Alonso Freire

Tres años después de sus primeros acuerdos de coalición, el Partido Popular (PP) y Vox vuelven a reiniciar el camino del pacto para gobernar conjuntamente. Primero en Extremadura, donde María Guardiola volverá a ser investida la semana que viene gracias a la extrema derecha de la que tantas veces renegó, a la que de nuevo tendrá que hacer sitio en su Gabinete. Además, con una Vicepresidencia no precisamente vacía de contenido para el líder autonómico de Vox, Óscar Fernández, que tendrá bajo su control las carteras de Familia, Desregulación y Servicios Sociales. Y ese acuerdo, anunciado este jueves, puede que sea el pistoletazo de salida para que, en cascada, se produzcan al menos otros dos, en Aragón para que el popular Jorge Azcón revalide como presidente, y en Castilla y León para que haga lo propio Alfonso Fernández Mañueco.

A tenor de la literalidad del primer acuerdo, los de Abascal presumen de llevar a los de Feijóo a su terreno en inmigración, lo que tiene como contrapartida no tocar las políticas de igualdad. Ni una mención hay en el texto a la violencia de género o al colectivo LGTBI, habituales bestias negras de la extrema derecha, donde se admite: “En algo teníamos que ceder; la prioridad para nosotros es la inmigración, porque además eso es algo en lo que la gran mayoría de españoles coincide, incluso los votantes de la izquierda".

Los de Santiago Abascal empiezan marcando el paso a los de Alberto Núñez Feijóo, con una línea dura en inmigración que en parte es la que el PP ya adoptado con el giro dado a esa cuestión el pasado otoño, pero que adquiere tintes que han elevado las alarmas. Incluso una dirigente conservadora poco sospechosa de tibia o moderada en sus posiciones, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desmarcó de alguno de los puntos pactados con Vox.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Bruselas, y preguntada expresamente por la "prioridad nacional" en las ayudas sociales, en detrimento de los inmigrantes, la líder del PP madrileño señaló: "Yo creo en la ley y en el orden. Y por tanto pienso que no puedes dejar a nadie fuera de prestaciones para las que tiene derechos. Como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no son legales. El tiempo lo pondrá todo en su sitio. No se puede dejar a nadie al margen de un sistema en el que ha contribuido, por ejemplo dejarle al margen del sistema sanitario, como se nos ha pedido a nosotros en Madrid".

Palabras, las de Ayuso, de quien habla con la ventaja de la mayoría absoluta que obtuvo por primera vez en 2021 y revalidó en las elecciones autonómicas de 2023, la misma de la que gozan el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y el jefe del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, todos ellos del PP.

El protagonismo de Génova

Génova ha tenido protagonismo en las negociaciones, a diferencia de lo ocurrido en el verano de 2023, cuando se fueron sucediendo los acuerdos con Vox que luego el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó como principal reclamó negativo para su adelanto electoral al 23 de julio. La presencia en las mesas de diálogo del secretario general, Miguel Tellado, se justificó para que la dirección del PP tenga toda la información y no haya disonancias como ocurrió hace tres años. Aunque a Vox no le ha gustado en absoluto, por considerar al número dos de Feijóo el urdidor en la sombra de maniobras contra Abascal, entre las que estarían, siempre según la versión de los populares, las apariciones de los críticos de Vox como Javier Ortega Smith o Iván Espinosa de los Monteros en numerosos medios de comunicación.

Desde la cúpula popular se niega que haya excesivas cesiones a Vox, e incluso se asegura que según avance el tiempo se verá que no hay tales, mientras que en Bambú consideran un triunfo haber impuesto la agenda migratoria que no ahora, sino desde hace ya una década, viene sosteniendo Vox. Y esto último incluye, como recoge literalmente el acuerdo, la eliminación de ayudas a las ONG que dan cobertura a la inmigración o, por citar otro apartado del acuerdo suscrito, la eliminación de clases de árabe o de cultura marroquí, algo que según el texto debe hacerse ya para el próximo curso escolar.

Si acaso, y a la vista del acuerdo, se puede considerar un triunfo por omisión del PP el que en el texto no aparezca nada relativo ni a la violencia de género ni a las políticas en favor del colectivo LGTBI, dos de las cuestiones que suelen estar en la diana de la extrema derecha. El mismo texto en el que Vox logra que se plasme sin matices su oposición total al acuerdo de Mercosur, sin mención alguna a las cláusulas de salvaguarda en las que tanto énfasis ha puesto Feijóo en los últimos meses.

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PP y Vox, en definitiva, vuelven a reiniciar un camino que hace tres años terminó con la derrota del bloque de la derecha en las elecciones generales, a pesar de que los populares fueron más votados que el PSOE, y un año después con el abandono de todos los gobiernos por parte de Vox, poniendo como excusa el reparto de los menores inmigrantes llegados a Canarias. El tiempo dirá cómo termina esa vía de acuerdo en esta ocasión, con las elecciones municipales, autonómicas y generales previstas para el año que viene ya en el horizonte.

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