Un mes de la catástrofe

Dos voluntarios ataviados con EPIs trabajan en Aldaia (Valencia) el pasado 9 de noviembre. / Eduardo Manzana EUROPA PRESS

Juan José Fernández

Redactor Jefe

Reportero.

Profesor en el Master de Periodismo Avanzado – Reporterismo de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

Diplomado por el CESEDEN en Altos Estudios de la Defensa Nacional.

Fue jefe de Información y Reportajes y jefe de Redacción de la revista Interviú durante 19 años.

El 29 de octubre, cuando en el área de Utiel y Requena el lodo invadió calles y viñedos, los vecinos se quedaron, además, sin teléfono. La inundación había cortado el suministro eléctrico, y antenas y repetidores que dan servicio a los móviles funcionaron hasta que se les agotó la batería de emergencia. El día siguiente, el todavía recién constituido CECOPI valenciano y el comité de seguimiento de la crisis creado en Moncloa no tenían a disposición un censo de baterías, ni un listado de generadores eléctricos disponibles en las provincias limítrofes con Valencia.

En la gestión de la peor catástrofe sufrida por España en su historia reciente faltaron los datos de situación que permitieran apreciar con nitidez el volumen del desastre y organizar con más precisión la ayuda. Fuentes de la Seguridad del Estado señalan que también faltó una información esencial cuya unificación se persigue desde el fin de la pandemia de covid: los recursos disponibles en una gran crisis.

El día D de la DANA: los puntos ciegos de una jornada llena de incógnitas

Militares, ejecutivos de Interior y bomberos consultados señalan dos medidas legales clave que llevan más de dos años postergadas. Una es una modificación de la Ley de Seguridad Nacional que regule una “contribución de recursos” para “hacer frente a los posibles riesgos o amenazas”. La otra es una ley de armonización de los bomberos que elimine........

© El Periódico (ES)