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El Ayuntamiento de Montornès culpa de "resistencias al cambio" a la subordinada que acusa de acoso a un sargento de la Policía Local

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20.03.2026

El Ayuntamiento de Montornès culpa de "resistencias al cambio" a la subordinada que acusa de acoso a un sargento de la Policía Local

El comunicado sitúa a la cabo querellante en un contexto de "presunta mala fe" y "boicot" en el cuerpo, mientras que la Audiencia de Barcelona asegura que hay "indicios" de actos "atentatorios" contra la integridad moral

CONTEXTO | Un juez investiga a un sargento de la Policía Local de Montornès del Vallès por presunto acoso a una subordinada

Abatido un hombre armado tras irrumpir en la comisaría de la Policía Local de Montornès del Vallès: un agente herido grave / ACN

Un comunicado del Ayuntamiento de Montornès del Vallès ha reaccionado a la investigación penal por presunto acoso laboral contra un sargento de la Policía Local, culpando a la cabo que presentó la querella, que es su subordinada, de "resistencias al cambio" y de un "cuestionamiento continuo" a la dirección del cuerpo policial. En un primer momento, el proceso fue archivado a cargo de un juez de Granollers, pero la Audiencia de Barcelona lo reabrió tras un recurso del abogado de la mujer, argumentando que existen "indicios" de que presuntamente "se habrían producido actos atentatorios contra la integridad moral", además de afirmar que "actuaciones de carácter sexista y misógino no deben tolerarse", según ha avanzado EL PERIÓDICO.

Al sargento F. J. M. R. se le suma en la querella el jefe de la Policía Local, al que la querella imputa "aquiescencia, autorización y, en ocasiones, participación". El Ayuntamiento, sin embargo, enmarca la denuncia penal en una "posible actuación concertada entre un grupo de trabajadores y orientada a desacreditar, difamar y desprestigiar la prefectura del cuerpo", trabajadores a los que atribuye una "presunta mala fe".

El consistorio, liderado por el alcalde José Antonio Montero Domínguez (Montornès en Comú), que rechazó hacer declaraciones este pasado jueves antes de que este diario publicara la información sobre el caso, vincula ahora la querella con una voluntad de insumisión a la jefatura que asumió en 2021 la máxima responsabilidad de la Policía Local. Para desmerecer la querella, el Ayuntamiento describe el contexto previo a que la nueva jefatura asumiera el cargo: "graves boicots internos"; falta de patrullajes; bajas médicas usadas como "instrumento de presión"; y horas extraordinarias "en exceso, de cuestionable necesidad y asignación".

"En este contexto, la mayoría de la plantilla se ha adaptado al cambio progresivamente, incluso asumiendo un sobreesfuerzo por las cargas de trabajo existentes. No obstante, algunos efectivos han mostrado reticencias al cambio y un cuestionamiento continuo a la dirección, entre los cuales se encuentra la policía ahora caporal querellante", rubrica el comunicado municipal.

Pese a poner el foco sobre la agente querellante, el ayuntamiento admite que, "a propuesta del Síndic de Greuges, de los servicios de prevención y a petición de las propias partes implicadas, durante la instrucción de la querella en primera instancia se fijaron turnos de trabajo alternos para que la querellante y el denunciado no coincidieran en dependencias". La administración local también pone en valor que "parte de los hechos que se relatan en la noticia [de EL PERIÓDICO] ya han sido investigados tanto por una comisión interna municipal como por parte de la División de Asuntos Internos del cuerpo de Mossos d'Esquadra, que concluyó que no se acreditaba ninguna conducta sancionable disciplinariamente".

El auto de la Audiencia de Barcelona que reabre el caso sostiene que la decisión del juez de Granollers de archivar el caso era "prematura" y que "hay razones procesales que justifican la práctica de más diligencias y, en concreto, las pedidas por la querellante" o por la defensa. Y añade: "En este caso hay indicios de que, al menos, se habrían producido actos atentatorios contra la integridad moral cuyo alcance no podemos minimizar. Incluso, esa necesidad de profundizar en la persecución penal también atañe a la comisión de acoso laboral". A juicio del tribunal, destaca que "no podemos soslayar que las acciones objeto de la causa se podrían haber producido en una relación funcionarial y jerarquizada".

De acuerdo con la información recabada por este diario, fue en 2019 cuando empezaron a repetirse presuntos comentarios despectivos y humillaciones atribuidas al sargento en funciones. Entre las expresiones recogidas en la querella firmada por el abogado Iván Bayo figuran frases como: "Tú, siendo una tía, con que apruebes el examen lo tienes todo hecho, porque sí o sí quieren una tía cabo" o, ante la petición de un archivador: "¿Qué, para cuándo queréis el armario, para guardar la escoba y la fregona?". En presencia de otros cuatro agentes, llegó a añadir: "Estas tienen un armario para guardar sus herramientas de trabajo policial, como sus mochos, escobas o cubos de fregar".

Esta actuación no se limita a episodios aislados, sino que la documentación dibuja una dinámica prolongada en el tiempo, con comentarios recurrentes y cuestionamiento de la posición profesional de las dos únicas mujeres del cuerpo. A ese contexto se añaden expresiones jocosas y "en tono burlesco" respecto a la asignación de horas extraordinarias y cambios de turno concretos que, según la información recopilada por este diario, fueron utilizados como supuesto elemento de presión. Un ejemplo, siempre según la querella, el mando espetó: "La (nombre) se escapa de que la suspenda porque es un ayuntamiento progre y feminista; si no, no se escapa (...). Esta se ha escapado porque querían una tía. Si no, me la fundo".

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La documentación consultada también incorpora episodios de contenido sexual. Entre ellos, uno en el que el sargento habría afirmado, delante de otros agentes, que a una de las policías la "empotrarían contra la pared". Ese clima coincidió con bajas médicas prolongadas por ansiedad y estrés. La querella relata que la cabo fue víctima de un "continuo hostigamiento", acompañado de "actos hostiles y humillantes" por parte del sargento y "con la aquiescencia, autorización y, en ocasiones, participación de un segundo querellado, el jefe de la Policía Local".

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