Negociaciones con ERC

Las elecciones en Andalucía complican el calendario para la aprobación de los presupuestos de Illa antes del verano

Si Junts o el PP recurren el proyecto de ley al Consell de Garanties Estatutàries, la tramitación se dilatará un mes más

El Gobierno mantendrá sus líneas rojas en la negociación del IRPF con ERC tras la salida de Montero

El president Illa con los consellers Dalmau y Romero el pasado viernes. / Kike Rincón / Europa Press

Salvador Illa quiere tener los presupuestos aprobados por el Parlament antes del 31 de julio, pero lograrlo no será fácil. Por el camino deberá encontrar una fórmula para atender las peticiones de ERC y jugar con el calendario de tramitación del proyecto de ley en la Cámara catalana, con una parada electoral en Andalucía, que no es ajena a la política catalana, el 17 de mayo.

Por delante quedan cuatro meses hasta que finalice el periodo de sesiones, plazo que se dieron el Govern y ERC para culminar las negociaciones. Con los tiempos habituales de tramitación parlamentaria, al Executiu le bastaría con presentar las cifras en el Parlament unos 50 días antes, a tenor del tiempo medio empleado en los últimos diez años para culminar este tipo de proyectos. Sería suficiente, pues, con que Illa los apruebe en el Consell Executiu a mediados de junio, pasada la cita electoral andaluza.

Ahora bien, este escenario es poco garantista, ya que no contempla que la oposición recurra la norma ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Junts y PP, los dos únicos partidos con capacidad para hacerlo, no descartan recurrir la ley, por lo que su tramitación se dilataría previsiblemente un mes, el tiempo máximo que tiene el órgano para emitir su dictamen, aunque no sería vinculante. La hemeroteca indica que la resolución se ha publicado siempre agotando los plazos. Por ello, si el Govern quiere curarse en salud, debería adelantar un mes el arranque de la tramitación, lo que sitúa el inicio del proceso parlamentario a mediados de mayo, justo cuando están previstas las elecciones en Andalucía.

Con esta contienda electoral se añade una complicación más. Esquerra sostiene que, hasta que no pasen los comicios andaluces, hay poco margen para que pueda haber un pacto en Catalunya, pues sus exigencias requieren que la Generalitat gane autonomía -"espacios de poder"- para compensar la falta de garantías sobre la recaudación del IRPF, pero el Gobierno difícilmente cederá hasta que la ya exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya visto su resultado en las urnas de Andalucía. Si ERC mantiene este planteamiento, al Govern no le quedará otra que arremangarse para lograr cerrar el pacto la semana siguiente, a partir del 18 de mayo. Y ahí el calendario empezaría a apretar.

En un escenario ambicioso, el acuerdo podría cerrarse esa semana, el Consell Executiu podría aprobar el proyecto de ley y la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, podría entregar los presupuestos al Parlament antes del día 20 de mayo. A partir de ahí se fijaría el calendario definitivo de las cuentas públicas. Si se acuerda una tramitación de mínimos, se abrirá un plazo de diez días naturales para registrar las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley y, paralelamente, 20 días para las enmiendas al articulado. En este escenario probablemente la primera votación de los presupuestos -el debate a la totalidad- tendría lugar en la primera semana de junio, justo después de que cada conseller haya comparecido en comisión para explicar sus partidas.

Si se sortea esta primera votación, las siguientes tres semanas de junio serían para trabajar el texto en las comisiones. Será tiempo para debatir y votar las enmiendas a la totalidad de las secciones presupuestarias -es decir, de cada departamento- y hacer lo propio con las enmiendas al articulado, que se deliberarán y votarán en la comisión de economía, hasta llegar a la redacción del dictamen final. Esto acabaría ya en torno a la semana de Sant Joan, el 24 de junio, la fecha que Romero fijó como objetivo para aprobar los presupuestos, aunque difícilmente podrían estar listos antes de este día festivo en Catalunya.

Si todo transcurriera según esta previsión, las cuentas públicas podrían ser una realidad antes de terminar el mes de junio. Pero todo saltaría por los aires si Junts o PP solicitan un dictamen al Consell de Garanties. La tramitación se frenaría de golpe y habría que esperar, previsiblemente, a la última semana de julio para la votación final. El margen de error es muy reducido, pese a que la ley de presupuestos tiene prioridad sobre el resto en su tramitación parlamentaria, pero esto, que no está en manos de Illa, amenaza con dinamitar las previsiones del Govern.

Otra opción es que, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido con las primeras cuentas públicas que Illa acabó retirando, se presenten al Parlament sin haber asegurado los votos de ERC. Es poco probable, pues una de las críticas que articuló Esquerra en aquel episodio fue que el Executiu tratase de presionar al partido iniciando la cuenta atrás sin su apoyo. No salió bien, pero sigue siendo una posibilidad, ya que existen al menos diez días para negociar hasta la primera votación. Aunque en esta ocasión no habría margen para ampliar ese plazo antes del debate a la totalidad, como ocurrió en febrero.

En cualquier caso, esperar a que los andaluces acudan a las urnas obliga a calcular milimétricamente el calendario, que podría reducirse a menos de 40 días, sin dictamen del CGE. La media de la última década, según ha comprobado EL PERIÓDICO, es de unos 50 días, aunque ha variado cada año. La tramitación más rápida fue en 2023, precisamente la de los presupuestos actualmente prorrogados. Pere Aragonès los presentó el 2 de febrero y el Parlament los validó el 10 de marzo: 36 días, pues nadie lo llevó al CGE. Esos serían, aproximadamente, los plazos que deberían repetirse para dejar margen a una posible impugnación ante este órgano.

El historial de la última década

El calendario de tramitación de los presupuestos en Catalunya en la última década ha sido convulso. En 2024, se fijó en 42 días, pero las cuentas ni siquiera superaron la primera votación por el rechazo de los Comuns. Cuatro años antes, en 2020, la previsión inicial de 49 días acabó duplicándose, primero por la irrupción de la pandemia del coronavirus y después por la decisión de Ciutadans de elevar el proyecto al CGE.

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Tampoco en años anteriores se cumplieron los plazos previstos. En 2016, el cálculo apuntaba a 56 días, aunque las cuentas fueron finalmente rechazadas por la CUP. Y en 2017, cuando se diseñó un calendario de 71 días -condicionado por su inicio de tramitación a finales de noviembre y su coincidencia con el periodo navideño-, el proceso terminó alargándose hasta los 113 días tras la impugnación presentada por PSC, Ciutadans y el PPC ante el órgano de garantías. Frente a un escenario tan volátil y con la experiencia acumulada, ni el Govern, ni ERC quieren poner una fecha en el calendario.

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