El juez indaga en transferencias del despacho que fundó Montoro a EEUU que sus directivos recurren por "prospectivas"

Los socios de Equipo Económico impugnan el informe de Hacienda que cifró en 35,5 los ingresos del bufete y advirtió de la "llamativa amortización" de una hipoteca por parte del exministro del PP

Equipo Ecónomico / EPC

Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro en 2006 y que centra las pesquisas del juez de Tarragona Rubén Rus por presunto tráfico de influencias, solicita una subsanación del informe aportado a la causa por Hacienda, que cifra en 35,5 millones de euros los ingresos del bufete y advierte de la "llamativa amortización" de una hipoteca por parte del exministro popular. La impugnación presentada por la defensa revela la existencia de comisiones rogatorias dirigidas a EEUU en relación con transferencias a dicho país que la defensa considera "prospectivas", ya que algunas de ellas se realizaron hace más de 20 años.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado Carlos Luis Rubio Soler busca que el juez declare, en contraposición con lo requerido por Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción, que no hay lugar a la emisión de los mandamientos para conseguir información de cuentas bancarias y a las peticiones de auxilio judicial extranjero propuestas por el perito de la Agencia Tributaria.

A juicio de esta parte, en "la indagación prospectiva que se viene haciendo, se interesan cosas absurdas que, lejos de servir para ayudar a la investigación, pretenden hacer de ésta algo ingobernable". Un ejemplo de ello son las comisiones rogatorias internacionales en relación con tres operaciones concretas.

La primera de las operaciones bajo sospecha fue realizada desde la cuenta corriente de BBVA, titulada por Equipo Económico, el 13 de marzo de 2008, por importe de 457,19 dólares a una cuenta de Wells Fargo en EEUU. La segunda fue realizada por el presidente y fundador de Equipo Económico Ricardo Martínez Rico, a través del Deutsche Bank, que, según el propio informe de la Unidad de Apoyo de Hacienda en Anticorrupción se realizó el 12 de julio de 2012, anterior en más de un año, por tanto, a los hechos investigados. La tercera transferencia bajo sospecha fue realizada también por Martínez Rico, a través del Bank of America (en Washington) el 1 de septiembre de 2004, anterior en casi diez años, por tanto, a los hechos investigados.

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro a su llegada a la capilla ardiente del exministro Josep Piqué, en el Tanatorio M-30, a 7 de abril de 2023, en Madrid (España). El exministro del Gobierno de Aznar, Josep Piqué, falleció ayer jueves, 6 / Alberto Ortega - Europa Press

En esta causa se investiga la contratación del despacho por parte de empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) y el supuesto uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones. Para la defensa, "resulta obvio que ninguna relación guardan los hechos investigados con las operaciones de hace más de diecisiete, trece y veintiún años, respectivamente, para las que solicita comisiones rogatorias".

Diligencias "impertinentes"

Por todo ello, consideran que las peticiones de Hacienda, recogida por la Fiscalía Anticorrupción, deberían ser calificadas de "impertinentes por no guardar relación con los hechos que se investigan", además de "absolutamente innecesarias en orden al esclarecimiento de los hechos objeto de la presente causa, en los términos definidos por el auto del pasado junio de 2025, que fue el que levantó el secreto sobre las actuaciones y señaló a los investigados, entre los que se encuentra el propio Montoro, parte de su equipo en Hacienda y responsables del despacho que fundó antes de reincorporarse al Gobierno nuevamente como ministro de Hacienda.

La Agencia Tributaria incluye en su reciente informe sobre las cuentas de Equipo Económico que, "a pesar de figurar los ingresos fragmentados en pequeñas cuantías", el despacho que fundó el exministro de Hacienda del PP en 2006 tuvo unos ingresos entre 2008 y 2013 que superan los 35,5 millones de euros. Fueron percibidos en más de 2.100 operaciones, entre las que se encuentran las relacionadas con las empresas gasistas a la que presuntamente se habría favorecido con dos reformas fiscales a la carta.

Por otra parte, Hacienda advierte a la Fiscalía Anticorrupción y al titular de la plaza de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona de la "llamativa amortización de una hipoteca" de 300.000 euros por parte del exministro de Hacienda del PP con respecto a la renta declarada durante los años correspondientes a este préstamo.

Los peritos advierten también de que estas prevenciones se realizan sin que se hayan facilitado las cuentas bancarias de Cristóbal Montoro ni las de su hermano Ricardo, que apuntan igualmente a pagos desde el despacho Equipo Económico, fundado por el primero en 2006. Por ello se ha requerido el acceso a estas cuentas.

Viaje a ninguna parte

Para la defensa, sin embargo, y transcurridos más de siete meses desde que comenzó sus trabajos, Hacienda no solo no ha no ha emitido ninguna conclusión, sino que solicita nuevos planteamientos "continuando con el viaje emprendido a ninguna parte".

El presidente y CEO de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, durante la primera jornada de la XIV edición de Spain Investors Day, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

"Estamos en el octavo año de instrucción y en ese peloteo continuo entre Mossos de Escuadra y la Unidad de Apoyo a la Fiscalía, nos encontramos ante un nuevo ejemplo de ese juego perverso en el que el único propósito, ante la evidente ausencia de un mínimo soporte indiciario de los hechos que se investigan, es una indagación prospectiva", insiste la defensa.

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Siendo así, se pregunta si "puede cabalmente considerarse adecuado y proporcionado investigar operaciones bancarias realizadas cinco años antes de la fecha de comisión de los presuntos delitos. "Si el delito se comete en 2014, fecha de los primeros pagos de las empresas gasísticas a cambio, supuestamente, de conseguir la reforma normativa deseada, ¿cómo puede considerarse necesario investigar las operaciones bancarias de los casi seis años anteriores a esos hechos?", agrega el escrito.

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