Opinión

Ramón Punset

En el "B.O.E." del pasado 31 de julio apareció publicada la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/2025, de 26 de junio, sobre la famosa Ley de amnistía, cuya denominación es, ya en sí misma, una apelación, descaradamente asertiva, a su propia legitimidad constitucional: Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Es como si el legislador advirtiese desde el mismo título: ¿quién podría oponerse a tan benemérito propósito de pacificación y reconciliación?

El pronunciamiento del TC -favorable, en términos generales, a la conformidad de la Ley con la Constitución- se adoptó por 6 votos contra 4 de los miembros del colegio de Magistrados, estos últimos los cuales se tradujeron en la redacción de otros tantos votos particulares disidentes. La Sentencia y los extensos votos opuestos a la misma suman un total de 322 apretadas páginas del diario oficial. Páginas que reflejan una tremenda batalla campal entre los jueces llamados "progresistas" y los denominados "conservadores", quienes han expresado con tonos de gran dramatismo sus muy argumentadas y detalladas objeciones al texto legislativo. Los Magistrados discrepantes, como suele decirse, echaron el resto, frente a una postura más serena (¿o más cínica?) de quienes, desde el principio, se sabían superiores en número.

Obviamente, resulta imposible en el presente artículo, dirigido también a lectores ajenos al ámbito jurídico, dar prolija cuenta de un debate de semejante fuste. Mi propósito se limita, pues, a exponer algunas someras reflexiones acerca de un asunto de enorme trascendencia institucional como ha sido, y continúa siendo, el de la........

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