Opinión | Observatorio

Gerardo Pérez Sánchez

Entre las críticas, el respeto y el olvido

Togas y puñetas de varios jueces.

Hace algunos días concluyeron en Zaragoza las jornadas anuales que reúnen a los titulares de las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las Comunidades Autónomas. Allí se habló de los problemas a los que se enfrentan en su misión de impartir justicia, así como de las precariedades con las que, en ocasiones, deben realizar sus tareas, entre ellas la carga de trabajo y la ausencia de medios. El encuentro finalizó con la aprobación de una declaración institucional y de un documento de conclusiones.

En este último manifestaron su «profunda preocupación» por el deterioro institucional y la tensión inaceptable entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, que erosionan las bases del Estado democrático de Derecho. En dicho documento rechazan explícitamente cualquier ataque que exceda de la legítima crítica a las decisiones judiciales, descalificaciones personales y acusaciones veladas de las que están siendo objeto directo algunos integrantes del Tercer Poder. Igualmente, exigen el respeto debido a la independencia judicial, que es garantía de una justicia imparcial.

Esta queja se justifica en las manifestaciones que, desde diversos cargos del Gobierno Central, así como desde el partido mayoritario que lo conforma, se han efectuado en relación con los procedimientos judiciales en los que se investiga o juzga a personas que han ostentado u ostentan a día de hoy puestos, tanto en el Ejecutivo de la nación como en el Partido Socialista Obrero Español, y a otras que forman parte del entorno familiar del actual Presidente del Gobierno. Tales circunstancias han derivado en un debate sobre la pertinencia de las citadas declaraciones y los límites a tener en cuenta cuando se descalifica la labor de jueces y magistrados.

Para abordar la cuestión, se torna imprescindible diferenciar entre ciudadanía y Poderes Públicos. La primera puede, en un sistema inspirado en los valores constitucionalistas, efectuar críticas contra el Poder Judicial en los mismos términos que contra el Ejecutivo o el Legislativo. Con los mismos límites, pero con la extensión del resto de los Poderes Públicos. Así lo exige la libertad de expresión y el debate público de toda sociedad abierta, libre y democrática.

Sin embargo, las instituciones y los........

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