En Bolivia, pocas instituciones tienen tanto peso sobre la vida jurídica, económica y social como Derechos Reales. Su misión parece sencilla, pero es profunda en impacto: dar publicidad, validez y certeza al derecho de propiedad inmueble, es decir, garantizar ante el mundo quién es dueño legítimo de qué. Esa función, aunque técnica en apariencia, sostiene uno de los pilares más sensibles de la convivencia democrática: la seguridad jurídica.

Sin un registro confiable, ningún derecho de propiedad está a salvo. Por eso, Derechos Reales es fundamental en un país como el nuestro, donde la estabilidad patrimonial de las familias, el acceso al crédito, la atracción de inversiones y la planificación urbana dependen de la certeza que brinda esta institución. Pero la realidad que enfrentan los ciudadanos está muy lejos del ideal. Trámites interminables, interpretaciones discrecionales de la norma, registros duplicados, partidas que “desaparecen” o son mal inscritas, reflejan una crisis que no es anecdótica, sino estructural.

Más allá de errores administrativos, lo que se revela es un problema de institucionalidad debilitada. En muchas oficinas, los funcionarios no ingresan por concurso público, carecen de........

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