La diplomacia de Colombia necesita una serie de cambios. Y este gobierno tiene una oportunidad única para lograrlos, en un ambiente geopolítico cambiante, en el cual el país debe construir una estrategia clara de proyección internacional. Según datos de un estudio reciente de David Castrillón-Kerrigan, publicado en la revista Colombia Internacional de la Universidad de los Andes, de 3135 nombramientos a cargos en el exterior realizados entre el 2000-2024, según datos de la Cancillería, el 53.65% de estos fueron políticos y el 80,81 % de las embajadas fueron entregadas a personas ajenas a la carrera diplomática. Es decir, ocho de cada diez embajadores de Colombia en el último cuarto de siglo llegaron al cargo por cercanía con el gobierno de turno, no necesariamente por mérito o porque tenían el conocimiento y experiencia acorde a la responsabilidad que ostentan. Esta cifra ni siquiera cumple el mínimo del 20 % de embajadores de carrera que exige el Decreto Ley 274 de 2000.

Aunado a esto, el estudio revela algo aún más grave. La figura de provisionalidad, que la ley concibió como una excepción, se convirtió en regla. Casi la mitad de los nombramientos, el 49,18 %, en cargos reservados para diplomáticos de carrera —ministros consejeros, primeros secretarios, cónsules— terminaron en manos de nombramientos políticos. Y, desde el 2019, opera una práctica aún más cuestionable que radica en enviar a diplomáticos de carrera como jefes de misión a destinos poco atractivos con el título de ministro, para liberar los cargos de embajador y asignárselos a cuotas políticas en las capitales más apetecidas, y donde más se necesita conocimiento........

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