La visión empresarial que se ha extendido por América Latina clama por la inversión extranjera directa, bajo la confianza de que servirá para levantar el desarrollo. Pero la realidad ha sido contradictoria y la historia puede despejar algunas dudas.

A raíz de las independencias, los Estados nacionales en construcción vieron en el capital extranjero un posible agente auxiliar para el progreso. Durante el siglo XIX predominaron los capitales europeos y los británicos dominaron sobre las deudas públicas, puertos, ferrocarriles y bancos. Eran inversiones privadas bajo la protección diplomática y militar de sus Estados. A fines del siglo, con el despegue imperialista de Estados Unidos, comenzó la incursión de sus empresas: materias primas, agricultura, ganadería, minería (sobre todo petróleo), electricidad, tranvías, agua, teléfonos, bancos. México fue un país preferente por el ambiente favorable al capital estadounidense creado por el porfiriato (1876-1911).

En el marco del monroísmo y del Corolario Roosevelt del “Gran Garrote” (1904), empresas norteamericanas como la Standard Oil (SOCO, petróleo) y la United Fruit Company (UFCO, bananos) adquirieron determinante poder económico e injerencia política. Literalmente, la SOCO, del magnate John D. Rockefeller, disputó con la Royal Dutch Shell (anglo-holandesa) el petróleo del Chaco, que derivó en la guerra entre Bolivia y Paraguay (1932-1935). Tras la experiencia, el gobierno boliviano nacionalizó el petróleo (1937). Las mismas compañías estuvieron involucradas en el conflicto territorial entre Ecuador y Perú, que desembocó en el Protocolo de Río de Janeiro (1942) por el cual Ecuador perdió territorios amazónicos. En México la SOCO se negó a aceptar un fallo de la Suprema Corte que obligaba a mejorar las condiciones laborales. Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo (1938). Otras compañías mineras en Perú (petróleo) o Chile (cobre) tienen similar historia. La matanza de la Escuela de........

© El País