Bolivia lleva más de tres semanas con las carreteras cortadas en siete departamentos, La Paz virtualmente sitiada, enfrentamientos diarios en El Alto y una demanda de renuncia que crece sobre el presidente Rodrigo Paz Pereira, quien llegó al poder hace apenas seis meses. El domingo 24 de mayo, el Senado boliviano aprobó, con más de dos tercios de votos, en tiempo récord, aprovechando la sesión solemne por la efeméride de Chuquisaca en la Casa de la Libertad, la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción.

El mismo día, el Comité Pro Santa Cruz cumplió el plazo del ultimátum que le dio al gobierno para despejar las carreteras del departamento, especialmente San Julián, o la ciudadanía “se organizará para liberar los puntos de bloqueo” por su cuenta.

Son dos presiones simultáneas sobre el mismo gobierno, desde extremos opuestos del país, que describen la encrucijada real en la que se encuentra Rodrigo Paz.

La potestad constitucional de declarar el estado de excepción sigue habilitada por el artículo 137 de la Constitución. Lo que desaparece con la Ley 1341 es el procedimiento detallado, la mayoría absoluta de la Asamblea como requisito para sostenerlo, los plazos fatales de 24 y 72 horas, la facultad legislativa de introducir modificaciones vinculantes, y la prohibición expresa del uso de fuerza letal mientras el Ejecutivo no hubiera sometido a la Asamblea los reglamentos militares sobre uso de armas, reglamentos que ninguna administración, incluida la de Paz, llegó a entregar.

La Ley 1341 no nació por casualidad. Fue la respuesta institucional a los hechos de noviembre de 2019 en Senkata y Sacaba, en los que operativos conjuntos de policías y militares, bajo el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y amparados por el Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a las fuerzas del orden, causaron la muerte de al menos 20 civiles, según documentó la Defensoría del Pueblo de Bolivia en su informe “Crisis de Estado”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó estos hechos de masacres en diciembre de 2019, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia creada a pedido de la propia CIDH, ratificó esa calificación en su informe de agosto de 2021. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que munición letal fue la causa de todas las muertes.

Jeanine Áñez estuvo cuatro años y ocho meses en la cárcel acusada de haber tomado ilegalmente la presidencia de Bolivia. Fue liberada el 6 de noviembre de 2025, dos días antes de la asunción de Paz Pereira. A la fecha, ninguna sentencia judicial en firme ha establecido responsabilidades penales individuales por esas muertes. El proceso contra Áñez fue remitido a juicio de responsabilidades ante la Asamblea, instancia que todavía no lo ha tramitado. Los hechos están documentados. La justicia, pendiente.

Fue para que aquello no pudiera repetirse sin costo institucional que Eva Copa promulgó la Ley 1341 en julio de 2020, aunque tomó tres meses más verla publicada en la Gaceta Oficial. Ayer, el Senado presidido por Diego Ávila, político de alta confianza del presidente Rodrigo Paz, la abrogó.

El presidente del Senado, Diego Ávila, presentó el proyecto sosteniendo que la norma vigente generaba “limitaciones para la aplicación de mecanismos constitucionales en escenarios extremos”. Hay una ingeniería discursiva precisa en esas palabras, pues lo que protege al manifestante de la represión sin rendición de cuentas se convierte, en el nuevo relato, en lo que “desprotege” a los bolivianos.

El gobierno de Áñez también actuó bajo el paraguas de la “pacificación”. Áñez gobernaba sin legitimidad de origen y necesitó un decreto. Paz tiene legitimidad electoral y........

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