La condena a miembros de la Primera Línea por delitos como tortura, concierto para delinquir y secuestro, cometidos en el marco del paro nacional, del 2021, reabre un punto necesario. ¿Dónde termina el derecho a la protesta y empieza la responsabilidad por hechos criminales?

En Colombia, el derecho a la protesta está protegido por la Constitución. Es un derecho democrático clave para conquistas sociales. Sin embargo, como todo derecho, tiene responsabilidades.

Es frecuente que al dialogar sobre la protesta social el debate se centre entre extremos; quienes la defienden y quienes la criminalizan. Y, hay un punto esencial que se invisibiliza: el impacto de las acciones violentas, realizadas bajo el marco de la protesta, en personas comunes. En las familias, en los niños, en los habitantes de los barrios en los que la protesta se transforma en campo de batalla.

La protesta legítima, exige evitar la violencia contra la ciudadanía, el ataque a bienes públicos y privados y la instrumentalización de personas. Cuando ocurre, deja de ser protesta y se convierte en delito. Defender la protesta es........

© El Nuevo Siglo Bogotá