Sin inteligencia económica eficaz no hay esperanza de mantener el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, ni ganar la lucha contra la corrupción. El Senado está regalando el futuro de Chile al crimen organizado.

El Senado de Chile, en las sesiones del 19 y 25 de marzo, ha desmantelado las capacidades de investigación eficaz de delitos económicos que se esperaba lograr con el proyecto de la Ley de Inteligencia Económica. Se ha rechazado que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Ministerio Público (MP) puedan acceder en forma controlada pero expedita a información protegida por el secreto bancario.

Esto es un retroceso fatal en la guerra contra el crimen organizado, que crece en nuestro país, alternando periodos de violencia y de expansión de mercados ilegales. Seguir la ruta del dinero, detectar el lucro criminal, incautar y reinvertir estos recursos en seguridad pública es la base de cualquier estrategia sostenible a largo plazo para combatir este flagelo.

La importancia de la inteligencia económica en la guerra contra el crimen organizado y el terrorismo es ampliamente reconocida en el mundo y es promovida tenazmente por organismos intergubernamentales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Frente al deterioro de la seguridad pública y el incremento de la violencia ejercida por criminales transnacionales en Chile, el actuar del Senado es irresponsable y, en mi opinión, corrupto.

La esperada Ley de Inteligencia Económica se demoró dos años en su primer trámite constitucional en las comisiones de Seguridad y Hacienda, lo que parece excesivo en comparación con el frenético ritmo legislativo de la Agenda Pro Seguridad del este Gobierno.

El proyecto finalmente presentado a votación era bueno pero tímido. Proponía un avance menor pero significativo en las capacidades de investigación de delitos económicos, permitiendo levantar el secreto bancario sin orden judicial solo en casos muy acotados: personas jurídicas y funcionarios públicos que estuvieran siendo investigados por sospechas fundadas de lavado de dinero o que tuvieran reportes de operaciones sospechosas emitidos por sus bancos. Para cualquier persona natural, la inmensa mayoría de los chilenos, seguiría siendo necesaria una orden judicial.

Estos dos años de trabajo legislativo, negociación y espera fueron........

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