Lo ocurrido el 25F no es solo un problema tecnológico. Es una alerta sobre la gobernanza del sistema eléctrico, sobre cómo se toman decisiones y sobre la rendición de cuentas.

El 25 de febrero (25F) vivimos como sociedad una particular toma de conciencia que en la vida moderna nos pegó fuerte, dada nuestra creciente dependencia de un suministro eléctrico confiable y omnipresente. En Chile, teníamos la percepción de haber establecido un sistema eléctrico confiable y robusto, y que, ante fallas, los protocolos y los sistemas de control aseguraban absorber las contingencias –inevitables en sistemas complejos– con impactos acotados y una recuperación rápida de estas situaciones.

El apagón nos llevó de un golpe a la realidad, exhibiendo en forma brutal la fragilidad y carencias del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Tres fallas sucesivas y enlazadas mostraron profundos problemas de gobernanza, gestión y coordinación.

La primera falla –o “hecho cero”, como lo denomina el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) en su Estudio de Análisis de Falla de 398 páginas y publicado en estos días–, ocurrió a las 15:16 en la subestación (S/E) Pan de Azúcar, con la súbita apertura de un interruptor de protección en una línea de 500 kV por la que se transferían 1.800 MW de potencia –algo así como el 15% de toda la energía que se consumía en el Sistema Eléctrico Nacional y por encima de los 1.600 MW que indicaba la planificación del CEN como máxima potencia segura de transitar por ese circuito–.

Casi 2 horas antes (13:35), Interchile, el operador de dicha línea y subsidiaria de la empresa estatal colombiana ISA, había........

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