Si ambas leyes se parecen en algo, es porque las dos revelan el mismo nervio expuesto: el temor de ciertos sectores a que el territorio deje de ser decidido exclusivamente desde la inversión y los intereses puramente sectoriales.

En una columna publicada en El Mercurio, el miércoles 29 de abril, el director del programa de Derecho y Medio Ambiente de la Universidad Católica, Ricardo Irarrázabal, se preguntaba si la Ley de Humedales Urbanos se habría convertido en “una nueva Ley Lafkenche”. El autor fundamentaba su análisis en el presunto ‘uso abusivo’ de ambas leyes, argumentando que su aplicación actual desborda el espíritu con el que fueron concebidas.

Esta narrativa ha escalado recientemente al más alto nivel político: el Presidente José Antonio Kast, en su despliegue por Aysén, ironizó sobre la normativa señalando que “el campo de mi padre podría ser humedal porque es todo húmedo”.

Esta caricaturización con que se ha intentado instalar la discusión no es inocente. Busca activar una alarma ya conocida: presentar normas surgidas de demandas ciudadanas, ambientales o indígenas como amenazas al desarrollo, a la inversión y a la certeza jurídica.

Al reducir la complejidad de un ecosistema a una mofa sobre la “humedad” del suelo, el Ejecutivo no solo simplifica un debate técnico, sino que valida la estigmatización de las herramientas de protección territorial.

Ocurrió primero con la Ley N° 20.249, conocida como “Ley Lafkenche”, cuya caricaturización ha sido promovida especialmente por sectores vinculados a la industria salmonera. Durante años, sus concesiones se expandieron sobre ecosistemas frágiles, incluso en áreas protegidas, acumulando incumplimientos ambientales y episodios de sobreproducción frente a un Estado que muchas veces no fiscalizó o fiscalizó tarde.

Su discurso contra supuestos abusos de las comunidades indígenas costeras no solo cuestionó una ley: también estigmatizó a quienes la utilizan, presentándolos como antagonistas del progreso y construyendo en torno a ellos la figura de un enemigo interno.

Cuando esta ofensiva se desplegó con especial fuerza en el año 2024, un sector importante del mundo político prefirió mirar hacia el lado. Con ello, contribuyó a normalizar la idea de que los derechos indígenas y las demandas territoriales podían ser tratados como amenazas antes que como asuntos democráticos.

Hoy comienza a operar un libreto similar respecto de la Ley de Humedales Urbanos.

Lo preocupante no es que una política pública sea objeto de crítica. Toda regulación puede y debe ser evaluada en su........

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