Chile probablemente avanzará durante la próxima década hacia un modelo híbrido de seguridad. El Estado mantendrá formalmente el monopolio de la coerción, pero una parte creciente de la prevención, la detección temprana y la administración cotidiana del riesgo descansará sobre capacidades privadas.

Durante años, las empresas chilenas entendieron la seguridad como un problema esencialmente operativo. Una función necesaria, pero de segundo nivel. Un costo destinado a proteger activos físicos, controlar accesos o reaccionar frente a incidentes visibles. Sin embargo, la magnitud de las transformaciones sociales, económicas y criminales que atraviesa el país comienza a volver insuficiente esa mirada. La seguridad está dejando de ser un asunto periférico de operación para convertirse progresivamente en un problema estratégico de supervivencia corporativa.

La crisis contemporánea de seguridad no solo expresa un aumento de delitos violentos. Refleja algo más profundo. La creciente dificultad de las sociedades modernas para administrar incertidumbre y riesgos cada vez más dinámicos. El crimen organizado, la delincuencia fuertemente armada, las economías ilícitas, las incivilidades urbanas y la velocidad tecnológica están modificando radicalmente la forma en que empresas deben pensar su propia estabilidad operacional.

Pero además existe otro fenómeno silencioso que comienza a inquietar crecientemente a los directorios y gerencias. La aparición de riesgos que hace pocos años simplemente no formaban parte de la planificación corporativa chilena. El estallido social de 2019 marcó un punto de inflexión histórico en esta materia. Muchas organizaciones descubrieron abruptamente que sus modelos de seguridad habían sido diseñados para administrar delitos tradicionales, pero no escenarios de desorden social masivo, interrupción prolongada de operaciones, ataques coordinados a infraestructura o de colapso urbano.

Algo similar comienza a ocurrir con fenómenos antes considerados ajenos a la realidad nacional, como la extorsión, el secuestro, las amenazas violentas organizadas o la infiltración criminal sobre cadenas logísticas y economías locales. La principal diferencia es que........

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