Hay quienes confunden el ejercicio del control social con el derecho a destruir reputaciones. En nombre de la “veeduría” y del “interés público” se esconden a veces intenciones mezquinas, disfrazadas de moral ciudadana, pero motivadas por el deseo de herir, de dañar o de ganar protagonismo efímero en la red.

Las veedurías, por mandato legal, cumplen una función pública de vigilancia y control. No son tribunas personales para la difamación ni refugio para los egos desmedidos. Su legitimidad proviene de la ética, no del ruido. Quien asume ese rol debe entender que la palabra, cuando se ejerce desde una función pública, tiene peso, impacto y consecuencias irrevocables. No........

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