El tema del cable submarino “Chile – China Express” concentró esta semana la atención pública y se convirtió en un grave asunto de política interna en los últimos días de la administración Boric, de memoria poco feliz. También dejó al descubierto la nula preparación que tenemos como país para incorporar variables geopolíticas y de seguridad en la recepción, análisis, evaluación, ejecución y reacción ante la inversión externa cuando están en juego dichos principios.

Hace un año atrás, durante una clase impartida en la Universidad San Sebastián, recuerdo haber expresado que al acoger la inversión extranjera debíamos considerar el interés nacional y, a continuación, analizar las variables ya mencionadas. Es decir, no debíamos quedarnos sólo en consideraciones técnicas o económicas. Poco antes, había revisado la America First Investment Policy (AFIP), del 21 de febrero de 2025, que orienta la inversión extranjera hacia EE.UU. y la norteamericana al mundo. Dicha política se formuló bajo una perspectiva de “amigos y socios” y está llamada a desestimar las inversiones de “países adversarios”. Hace un año que estábamos advertidos de los tiempos duros que nos rigen.

La AFIP parte por sostener que “seguridad económica es seguridad nacional”; que China es el país que obtiene a través de la inversión extranjera directa (IED) “tecnologías de última generación, propiedad intelectual y actualiza (sus) industrias estratégicas”; que actúa incluso a través de “fondos de inversión en terceros países”; que no permite que EE.UU. invierta en su territorio en infraestructura crítica (la AFIP sería una reciprocidad); que las inversiones futuras en territorio norteamericano serían autorizadas “en proporción a su distancia verificable e independencia de las inversiones predatorias y prácticas de adquisición de tecnologías de los adversarios o actores amenazantes” (menciona como tales a China, Hong Kong, Macao, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y al régimen venezolano de Maduro). El texto abarca otros........

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