Sin embargo, el 15 de agosto de 2025, la Corte Constitucional nos recordó que el problema no ha cambiado: calificó de “inadmisible” el bajo nivel de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, aquella que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos al agua, la alimentación y la salud de la niñez wayuu.

Han pasado ocho años y seguimos en el mismo punto. La Corte ordenó metas, planes y rutas; el Estado respondió con documentos, comités y programas. Y, aun así, los resultados son mínimos. La realidad es que lo que existe hoy no es un fallo incumplido, sino un pagaré de dignidad vencido que el Estado colombiano se niega a saldar.

En mi opinión, el problema de fondo es que el gobierno —este y los anteriores— ha tratado el fallo como un listado de obligaciones de medios: entregar alimentos, contratar operadores, firmar convenios. Pero lo que la Constitución exige es un deber de resultados: que los niños dejen de........

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