Nos repetimos que legalizar era dignificar. Pero lo sabíamos: esa tierra estaba herida, inestable, erosionada, sin condiciones mínimas para una vida segura. Los estudios técnicos lo advertían. Aun así, las universidades promovieron tutelas, las ONGs celebraron sentencias, los líderes comunitarios ofrecieron promesas imposibles y el Estado, presionado local e internacionalmente, terminó cediendo. No por convicción, sino por miedo. No por justicia, sino por cálculo político.

Y el desenlace fue el que temíamos: deslizamientos, muertes, desplazamientos internos en un territorio que prometía dignidad, pero entregaba tragedia. Y lo peor: nadie regresó a decir la verdad. Nadie volvió a decir “nos equivocamos”, “los empujamos a vivir donde no se puede vivir”. Se impuso el silencio de los responsables.

El problema no fue solo jurídico. Fue político. Fue ético. Una sociedad........

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