En 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia reconoció —con razón— que en sectores como El Pinar y Manantiales se estaban vulnerando derechos colectivos esenciales: acceso al agua potable, salubridad y ambiente sano. Frente a esa constatación, ordenó al municipio de Bello, a EPM, a la Gobernación y al Ministerio de Vivienda garantizar el acceso a agua y alcantarillado. No obstante, el Tribunal negó las medidas cautelares solicitadas, alegando falta de urgencia. ¿Cómo no era urgente la vulnerabilidad estructural para miles de personas viviendo en zonas de alto riesgo no mitigable?

Un año después, en febrero de 2020, el Consejo de Estado —corrigiendo parcialmente lo anterior— fue más allá: ordenó realizar un censo poblacional, estudios técnicos para verificar la viabilidad de prestar servicios, y —en caso de que dichos estudios no fueran favorables— ordenó la reubicación de la población........

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