La designación del nuevo Fiscal General y del Defensor del Pueblo es de suma importancia para la vida de millones de venezolanos que esperamos justicia, protección y garantías efectivas de todos nuestros derechos. Estos espacios son en gran medida la base que establece la relación entre el ciudadano y el poder, son indispensables para el correcto funcionamiento del Estado de derecho en el país. 

La legitimidad de estos funcionarios dependerá de la confianza que logren generar en la ciudadanía. Y esa confianza solo es posible cuando los procesos son abiertos, verificables y alejados de intereses particulares. En otras palabras, se espera transparencia, respeto al Estado de derecho e imparcialidad.  

Los poderes públicos deben responder a la gente, a sus necesidades reales, y no a agendas políticas coyunturales y/o personales. La política, en su sentido más profundo, existe para servir, para resolver problemas, para garantizar derechos. Cuando se desvía de ese propósito, pierde su razón de ser.

En este momento, Venezuela necesita reconstruir la confianza en sus instituciones. Durante años, amplios sectores de la población vieron como la justicia no era imparcial, que sus reclamos no eran escuchados y que los mecanismos institucionales no funcionaban como deberían. Y esa realidad solo se corrige con acciones. 

El espíritu constituyente que dio origen a la Constitución Nacional de 1999 respondió precisamente a una crisis de confianza. Era un país marcado por el desgaste institucional, el clientelismo y la corrupción. Frente a esa realidad, se planteó un rediseño del Estado que incluyera nuevos mecanismos de participación y control, donde el ciudadano tuviera un rol más activo, donde pudiera sentirse escuchado y representado. Es necesario que estos mecanismos sean puestos en marcha. 

Los cargos públicos son responsabilidades que deben ejercerse con compromiso, ética y vocación de servicio. Por eso, quienes sean designados como Fiscal General y Defensor del Pueblo tendrán que trabajar por y para los venezolanos. Su actuación debe estar marcada por la imparcialidad, la independencia y el respeto irrestricto a la ley.

No se trata únicamente de ocupar cargos. Hablamos de honrar el sentido de las instituciones. De garantizar que cada ciudadano tenga a dónde acudir, que sus derechos sean protegidos y que la justicia no dependa de factores ajenos a la ley. 

El reto es grande, pero también lo es la oportunidad. Si estos nombramientos se hacen con transparencia y apego a la Constitución, pueden convertirse en un paso importante hacia la reconstrucción institucional. No cometamos los errores del pasado. Venezuela necesita instituciones que funcionen. Y, sobre todo, necesita funcionarios que entiendan que el poder solo tiene sentido cuando se ejerce en favor de la gente.

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