La lista de los atentados a la dignidad humana de los venezolanos es interminable, clama al cielo. Habrá de ordenarse una memoria para que la libertad y la paz que se logren alcanzar sean estables, es decir, obra de la Justicia. Las violaciones sistemáticas ocurridas tienen como génesis, es lo inédito y uno de los problemas centrales a resolver, el pacto celebrado con las FARC por Hugo Chávez Frías en 1999. Desde entonces transformó a Venezuela en un territorio sin ley, que no sea la de la violencia y el desorden colectivos.

Incidió lo último en la transformación progresiva de su gobierno en un narco-gobierno terrorista – hoy llama la CIDH a su causahabiente, Nicolás Maduro Moros, practicante del «terrorismo de Estado» – abonando ello en el incremento demencial de las muertes por homicidio, como de la corrupción en el mundo militar y judicial. De los homicidios acontecidos en 1998, que frisaban 4.500, bajo la nueva realidad del Estado criminal alcanzaron 24.980 en 2014 e iniciada la diáspora fueron 16.506 los homicidios, en 2019.

A esa ominosa cifra le acompañaron, sucesivamente, la confiscación de los fundos agrícolas y pecuarios (2001); la Masacre del 11 de abril o Masacre de Miraflores, a la que se le junta la de la Plaza Altamira (2002); las Listas Tascón y Maisanta, que declaran la “muerte civil” de millones de venezolanos (2003-2004), tal como lo confirma la Corte Interamericana; la expulsión televisada de 20.000 trabajadores de PDVSA y el desalojo militar de sus familias de las casas que habitaban en los campos petroleros (2003); la represión popular por las firmas que peticionan el referendo revocatorio y recopila María Corina Machado (2004); el caso de los soldados calcinados en Fuerte Mara (2004); el cierre y captura de los medios de comunicación, entre éstos RCTV y Globovisión como la persecución de sus periodistas (2005 en adelante); la Masacre de Turumbán o de los mineros del Estado Bolívar (2006); las inhabilitaciones políticas masivas impuestas por la Contraloría contra la oposición (2007 / 2008); la decisión del TSJ de no acatar las decisiones de la Comisión ni las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009); la condena arbitraria e ilegal de los comisarios de la PM, entre ellos Iván Simonovis (2010); la expropiación sistemática – el ¡exprópiese! – de los bienes de quienes el gobierno tacha como capitalistas desafectos a su credo (2010); la Masacre de El Rodeo y el pacto de Diosdado Cabello con los “pranes”, mientras se ordena la excarcelación de 20.000 presos comunes, incluidos narcotraficantes, por la ministro penitenciaria, Iris Varela (2011); la extradición del mascarón empresarial del narcotráfico, Walid Makled y el descubrimiento del Cartel de los Soles (2011).

En el año en que fallece Chávez Frías se suman las declaraciones de los magistrados supremos Aponte Aponte y Velásquez Alvaray, reveladoras de la colusión del Ejecutivo con el narcotráfico al que protege judicialmente (2012); la tragedia de Amuay (2012); el caso de las narco-maletas de Air France y la declaración del mismo magistrado Aponte, admitiendo haber condenado a........

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