Cuando se trata del proceso de aprobación de una consulta popular, la Ley de Participación Ciudadana es clara: exige el concepto previo del Senado de la República. No contempla excepciones ni ofrece alternativas para que el gobierno pueda decretar la convocatoria por su cuenta. Esto lo sabe bien el gobierno, y también cualquiera que haya revisado, aunque sea por encima, dicha ley. Por eso, la decisión del Ejecutivo es abiertamente contraria a la ley y a la Constitución, y viola un principio básico de la función pública: el principio de legalidad.

Además de ser un acto ilegal, esta decisión atenta contra la institucionalidad, la democracia y el equilibrio de poderes, al desconocer de forma explícita el rol del Senado.

Este desconocimiento de las leyes e instituciones........

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