En un Estado de Derecho las garantías procesales no existen para proteger a los ciudadanos populares, ni a los desconocidos, ni siquiera a quienes despiertan simpatías. Existen para proteger a quienes generan controversia, para impedir que el poder sustituya las reglas por las emociones.

Por eso, más allá de las opiniones que cada colombiano tenga sobre el expresidente Álvaro Uribe, resulta legítimo preguntarse si la decisión de llamarlo a indagatoria respetó plenamente las exigencias propias de un proceso penal ajustado a la Constitución.

La indagatoria no puede convertirse en una herramienta para buscar pruebas contra una persona. Su finalidad es garantizar que el investigado conozca con claridad los cargos y ejerza su........

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