Tres anuncios del gobierno de Abelardo de la Espriella van concretando su apuesta jurídica para enfrentar el terrorismo urbano y rural. El primero es la presentación del proyecto de ley antiterrorista, que busca dotar al Estado de instrumentos para perseguir organizaciones criminales, financiadores y colaboradores, y responder a las amenazas contra la población y la infraestructura crítica.

El proyecto contempla un registro nacional de organizaciones y actores terroristas, la congelación de sus activos, nuevos delitos y mayores penas, un régimen penitenciario especial para cabecillas y un alto comisionado contra el terrorismo. La intención es cerrar la financiación y el control territorial de estructuras que combinan narcotráfico, extorsión, minería ilegal, secuestro y ataques contra la Fuerza Pública. Son organizaciones que emplean el miedo y la violencia para someter comunidades, controlar territorios y desafiar al Estado.

Esta respuesta es necesaria frente a grupos que aprovecharon la debilidad del gobierno anterior para ampliar sus corredores criminales y fortalecer sus economías ilícitas. Colombia........

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