Nos duele tener que escribir sobre esta triste realidad que afronta Colombia, porque nuestra formación profesional humanística y jurídica se ha cimentado sobre el axioma de que las leyes todas especialmente en estos casos las penales, son para cumplirlas y no para que duerman en los estantes románticos el sueño de los justos. Durante los últimos años en especial después de que el presidente Santos dejara el poder se empezó a notar el acomodar el cumplimiento de los códigos penales a las circunstancias del momento. Lo primero que vimos fue la creación de la JEP (Jurisdicción especial para la Paz), que iniciaría el tortuoso pero no eterno camino de investigar los delitos de los bandoleros que firmaron la Paz y se acogieron a los juicios respectivos.

Lo segundo es observar en más de siete años la inoperancia de ese nuevo Tribunal mencionado. Las absoluciones a delincuentes comprobadamente violadores del orden judicial, perdón y amnistías increíbles. Castigos tan inoperantes y románticos como obligarlos a prestar servicios sociales en veredas y municipios olvidados, como limpiar parques y ayudar en las oficinas públicas. Lo tercero, increíblemente doloroso, la absolución incluyendo a militares retirados, de actos de homicidios para “cubrir las cuotas” en personas inocentes o familiares alejados del conflicto. Y por último para cerrar con broche de oro el gobierno del presidente Petro que con su fantasma mental desubicado de la paz total ordenó la salida de las cárceles de condenados peligrosos para que lo acompañaran en sus discursos panfleticos de plaza pública, o engañaran al país prometiendo conversaciones de paz mientras asolaban pueblos y caseríos con cientos de muertos.

“Si esto es justicia este país es un carnaval constante” expresó el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela cuando inició una nueva ofensiva electoral y comprobó que la gran mayoría de delincuentes que colmaban las cárceles del momento salieron a las calles a cobrar la venganza. Hoy estamos en Colombia empezando a probar las mieles de la venganza. Los grupos guerrilleros ya están pasando factura y al observar que quizás los próximos comicios pueden devolvernos la democracia de la justicia y el derecho como ley axiomática, ya iniciaron la ofensiva de la violencia, lanzando amenazas a los candidatos. Las estadísticas de los noticieros certifican que de los siete mil delincuentes que estaban en prisión a comienzos de este período presidencial, cerca de cuatro mil están en las calles volviendo a delinquir. Ese es el saldo de una justicia debilitada ¿o acaso los jueces tenían que proceder así o los destituían?

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