La neutralidad olímpica es uno de esos principios que suenan impecables en el papel. La Carta Olímpica, en su Regla 50, prohíbe manifestaciones políticas en los escenarios de competencia. El ideal es claro: que el deporte no sea rehén de las disputas, grillas y guerras del mundo.

El problema comienza cuando la neutralidad deja de ser un criterio y se convierte en interpretación selectiva. En estos Juegos Olímpicos de Invierno, varios atletas ucranianos fueron obligados a retirar mensajes de sus cascos y uniformes por considerarse “proclamas políticas”. El skeletonista Vladyslav Heraskevych, por ejemplo, mostró imágenes en memoria de deportistas y entrenadores ucranianos fallecidos desde la invasión rusa. Las autoridades determinaron que ese gesto vulneraba la neutralidad exigida.

Otros competidores enfrentaron objeciones similares por portar frases conmemorativas o citas literarias vinculadas al contexto de guerra. El argumento institucional fue uniforme: evitar cualquier expresión relacionada con el conflicto (la terrible invasión, diría yo).

Hasta ahí, el COI puede escudarse en el reglamento. La norma existe. La guerra está en curso. La prudencia institucional, dirán, obliga.

Pero el movimiento olímpico no opera en el vacío. En otras ediciones se han permitido homenajes personales, símbolos religiosos y recordatorios históricos. El propio olimpismo ha integrado a su memoria oficial tragedias como la de los atletas israelíes asesinados en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Esa conmemoración hoy no se considera política, sino histórica.

Ahí surge la incomodidad: ¿cuándo el recuerdo es universal y cuándo es inconveniente?

Desde 2022, el COI ha tomado decisiones que inevitablemente tienen dimensión política: la participación de atletas rusos bajo bandera neutral, las restricciones simbólicas y los criterios diferenciados según el contexto geopolítico. La neutralidad absoluta dejó de existir el día que la guerra irrumpió en el calendario deportivo.

Lo que debiera quedar al menos, entonces, es la coherencia.

Si toda referencia a una guerra en curso está prohibida, debe prohibirse sin matices. Si los homenajes personales son aceptables, también deben serlo cuando provienen de un país que hoy entierra a sus atletas.

Diversas autoridades deportivas ucranianas han reportado que varios centenares de atletas y entrenadores han muerto desde el inicio de la invasión. Más allá de la cifra exacta, el dato es devastador. Convertir su memoria en “proclama política” no fortalece la neutralidad; la vacía de humanidad.

En círculos deportivos europeos comienza a deslizarse —en voz baja, pero con creciente insistencia— que el COI enfrenta presiones cruzadas de federaciones, patrocinadores y comités nacionales rumbo a las próximas citas olímpicas. El debate ya no es solo jurídico, sino reputacional: cómo sostener el discurso de neutralidad sin que parezca indiferencia moral o, peor aún, como compra de favores...

El olimpismo nació bajo la premisa de tender puentes en tiempos de conflicto. Pero un puente que decide quién puede cruzar con su memoria y quién debe dejarla en la aduana, termina erosionando su propia legitimidad.

El deporte no detiene guerras. Pero sí puede evitar castigar simbólicamente a quienes compiten mientras su país combate.

Cuando la neutralidad se convierte en herramienta discrecional, deja de ser principio y se transforma en cálculo. Y en ese terreno, el COI no solo arriesga coherencia reglamentaria: arriesga su autoridad moral. Porque la neutralidad auténtica no es la que incomoda menos, sino la que se aplica igual para todos —incluso cuando resulta incómoda.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

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