Jalisco aporta alrededor del 7.3% del Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y se ubica entre las cuatro economías estatales más relevantes de México. En un estado con este peso, la conducción de sectores estratégicos como el turismo no puede ser frívola.

Sin embargo, la secretaria Michelle Fridman, nos comentan, ha privilegiado la foto, la agenda social y las actividades personales por encima de una estrategia firme que posicione no solo los destinos, sino el potencial económico e industrial de la entidad. El contraste entre la magnitud del estado y la superficialidad del mensaje comienza a ser evidente.

El dato no es menor si se considera su trayectoria. En 2008, Fridman Hirsch fundó, junto con Mónica Mijares Martínez, Eme Media Com, una agencia de RP enfocada en la promoción de proyectos turísticos. Es decir, su perfil está ligado precisamente a la construcción de reputación y manejo de marca. Por eso resulta aún más llamativo que, en momentos críticos, la estrategia pública no refleje esa experiencia.

Según se comenta en círculos políticos locales, parte del problema radica en la desconexión cultural. Fridman es chilanga y, más allá de la anécdota geográfica, esa condición ha sido señalada por cercanos como un factor que dificulta la compenetración con la identidad jalisciense.

Jalisco se ha consolidado como el principal clúster electrónico del país, particularmente en la zona metropolitana, reconocida como el “Silicon Valley mexicano” por su concentración de empresas de semiconductores, diseño electrónico y desarrollo de software. A ello se suman la manufactura avanzada, automotriz, farmacéutica y de dispositivos médicos, y un potente engranaje agroindustrial.

En el sector primario, la entidad ocupa los primeros lugares en producción de huevo y leche, y lidera agroexportaciones como berries y agave. El turismo completa ese círculo virtuoso, Tequila, Mazamitla, el Lago de Chapala y la franja costera vinculada a Puerto Vallarta conforman una oferta que combina playa, montaña, cultura y gastronomía. En 2025, el estado recibió 34 millones de visitantes, según estimaciones.

Jalisco será una de las tres sedes en México de la Copa Mundial de la FIFA. En los últimos años, el estado ha enfrentado episodios de violencia y hechos de alto impacto que derivaron en alertas preventivas de viaje emitidas por autoridades de Estados Unidos.

En turismo, percepción significa reservas, vuelos y ocupación hotelera. Tras el operativo militar en torno a la figura de Nemesio Oseguera, las cancelaciones diarias prácticamente se duplicaron: de un promedio cercano a 20 mil reservaciones por día, se pasó a 40 mil el lunes 23 de febrero y a 50 mil el martes 24, de acuerdo con un informe de AirDNA difundido por la prensa. Jalisco y Nayarit figuraron entre las zonas con mayor impacto.

Aquí es donde la gestión pública requiere vocería técnica inmediata, coordinación con el sector privado y mensajes que reduzcan incertidumbre. Pero si la estrategia se concentra en la imagen personal en lugar de blindar la reputación del destino, el costo lo pagan hoteles, aerolíneas, restaurantes y miles de empleos.

Jalisco tiene con qué sostener su liderazgo, lo que no puede es permitirse que la narrativa se diluya en la foto. Y un estado con ese tamaño no está hecho para rajarse.

En Nuevo León, el discurso y la realidad caminan por carriles distintos. El gobernador Samuel García insiste en presumir inversión histórica, expansión del Metro y nuevas carreteras como prueba de que la entidad es imán de capitales. Al mismo tiempo, la Coparmex Nuevo León, encabezada por Roberto Cantú Alanís, advierte que las empresas enfrentan extorsiones en distintas modalidades, desde llamadas fraudulentas hasta cobros indebidos y trabas en trámites con autoridades. No cuadra.

No cuadra que se celebre certidumbre mientras el empresariado habla de extorsiones que encarecen la operación cotidiana y desalientan la inversión que el propio gobierno promueve. El señalamiento no es menor ni aislado, fue planteado frente a representantes de los Poderes y a la comunidad empresarial del estado.

En política electoral, las reformas rara vez son neutras. Suelen funcionar como mecanismos de ingeniería institucional que ordenan el tablero antes de que inicie la partida. Eso ocurre en San Luis Potosí, de Ricardo Gallardo, donde la reforma aprobada por el Congreso estatal que obliga a postular a una mujer para la gubernatura en 2027 reconfiguró la competencia interna del oficialismo. Aunque la medida se presentó bajo el argumento de paridad, terminó por tensar la relación entre Morena y el Partido Verde.

En ese contexto, la dirigencia nacional del partido guinda, encabezada por Luisa María Alcalde, e incluso, desde Palacio Nacional, ya empiezan a mover sus piezas. Dos nombres destacan en el radar: la presidenta estatal morenista Rita Rodríguez Ozalia y el empresario Gerardo Sánchez, impulsor de tecnología aplicada al campo y proyectos de agricultura de precisión que han colocado berries potosinas en mercados como Japón, Canadá y Estados Unidos. Lo relevante es que, pese a la controversia y la percepción de voto, cierran la carrera entre estos dos personajes morenistas, y la hoy senadora verde, Ruth González.

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