La iniciativa de reforma en telecomunicaciones impulsada por el gobierno federal ha sido presentada con los ya conocidos argumentos de seguridad nacional, combate a la delincuencia y eficiencia estatal, mucha retórica, poca sustancia. Sin embargo, detrás del lenguaje populista del discurso oficial, se oculta un verdadero atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos: la legalización de un espionaje institucional sin controles, sin límites y, lo que es peor, disfrazando la supuesta necesidad de autorización judicial en el discurso.

Uno de los puntos más alarmantes de esta reforma y que debería encender todas las alertas en una sociedad que aún se pretende democrática, es la autorización expresa al gobierno federal para acceder a las bases de datos de cualquier entidad pública o privada sin orden judicial imparcial. Es decir, su médico, su gimnasio, su banco, su proveedor de telefonía, su supermercado de confianza, la farmacia donde compra regularmente sus medicamentos, e incluso la tienda donde tiene una tarjeta de lealtad, estarán obligados a entregar todos los datos que posean sobre usted si una autoridad administrativa así lo solicita.

Bajo el siempre útil argumento de la “seguridad”, esta reforma convierte a cada ciudadano en un objeto permanente de vigilancia. Se diluye el principio de presunción de inocencia y se normaliza la idea de que cualquier persona puede ser investigada, monitoreada y perfilada sin el más mínimo filtro judicial donde se le acredite la necesidad de dicha medida. El Estado ya no necesita demostrar que hay una causa probable, ni acudir a un juez como lo hacía antes, para sustentar la legalidad de........

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