MÉXICO EMPEZÓ A sufrir las duras consecuencias de negarse a colaborar con Estados Unidos para ayudar a estrangular a los cárteles de la droga donde más les duele: en el millonario flujo y blanqueo de su dinero.

La decisión de ir contra CI Banco de Jorge Rangel de Alba, Intercam de Eduardo García Lecuona y Vector de Alfonso Romo deriva de una solicitud de información de una lista de 400 empresas sospechosas.

Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue quien la entregó como parte de los acuerdos con el gobierno de Donald Trump, en referencias de algunos negocios asociados al Cártel de Sinaloa.

El Tesoro, que capitanea Scott Bessent, solicitó hace unos días, vía la embajada, referencias de esas 400 empresas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde el principio se notificó a México que eran empresas clientas de CI Banco, Intercam y Vector, pero ni las huestes de Antonio Martínez Dagnino ni mucho menos las de Pablo Gómez entregaron la información.

Los dos bancos y la casa de bolsa sí respondieron a la solicitud de los reguladores mexicanos, pero vaya a saber por qué estos no “subieron” la información al Tesoro, lo que hubiera permitido un golpe menos duro.

De ahí el enojo que existe en el círculo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que si bien defiende la narrativa de la no sumisión a Estados Unidos, critica el mal manejo de las autoridades hacendarias en este caso.

El punto es que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, tuvo la información, igual que la mandataria, y no supo operar para contener lo que ya se veía venir, a pesar de lo negado que están los banqueros mexicanos.

Y lo que vienen son más denuncias,........

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