Nos dijeron que llegamos todas. Pero en México, todos los días, hay niñas y mujeres que desaparecen y no vuelven. 

La semana pasada, entre 16 y 20 adolescentes de 14 a 16 años desaparecieron en Cancún. La gobernadora de Quintana Roo declaró que todas fueron localizadas y que no hubo delito. Los colectivos dijeron otra cosa. Esa brecha entre lo que dice el Estado y lo que viven las familias no es nueva: es la grieta por donde se pierde la vida de miles de niñas y mujeres en México cada año. 

El diagnóstico es brutal. Al corte de noviembre de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas contabilizaba 133 mil 625 personas desaparecidas, de las cuales 29 mil 743 eran mujeres. El grupo de mayor incidencia son las jóvenes de 15 a 19 años. En 2024, los reportes de desaparición de niñas y adolescentes crecieron 72% respecto al año anterior. Hoy desaparecen más menores de las que el Estado es capaz de nombrar como víctimas de feminicidio. 

Estos fenómenos no son paralelos. La desaparición, la trata y el feminicidio forman un mismo sistema de violencia en el que las mujeres son simultáneamente presas, mercancías y víctimas. La investigadora Ariadna Estévez lo define como guerras necropolíticas: una disputa criminal por cooptar al Estado y otra por convertir los cuerpos de las mujeres en territorio de explotación. 

Julia Monárrez Fragoso lo ha documentado durante tres décadas: no son hechos aislados, sino estructuras que producen mujeres desechables, mujeres sin Estado, a quienes se les ha negado el derecho a tener derechos. La impunidad no es una falla: es parte del diseño. Quintana Roo lo confirma: primer lugar nacional en trata, con el 26% de los casos del país al cierre de 2025. 

Ante esta realidad, el Estado no solo es insuficiente: es omiso. El Protocolo Alba -el principal mecanismo de búsqueda- carece de evaluación y transparencia. En 2023, entidades como Oaxaca y Chiapas ni siquiera lo habían implementado. Cuando las familias denuncian, reciben sospecha en lugar de apoyo: “¿En qué andaba su hija?”. Así, la autoridad no solo llega tarde: llega para revictimizar. 

Mientras tanto, la respuesta real está fuera del Estado. Los colectivos de búsqueda -madres, hermanas y esposas- hacen lo que las instituciones abandonaron. Las rastreadoras de El Fuerte han encontrado 243 cuerpos que nadie buscó. En Cancún, Madres en Resistencia contra un Estado Fallido identifica zonas de captación, documenta redes y protege a quienes logran escapar. Ellas investigan, buscan y sostienen lo que el Estado dejó caer. 

En México, la búsqueda de las desaparecidas se trasladó de lo público a lo íntimo: de las instituciones a las manos de las madres. Y ahí, en ese abandono, también está la mayor evidencia del fracaso. 

Porque cuando el Estado no busca, no protege y no nombra, deja de ser Estado. 

Y cuando las mujeres tienen que hacerlo todo -buscar, investigar, encontrar- no estamos frente a una crisis: estamos frente a una renuncia.

Carolina Viggiano Austria

Senadora y Secretaria General del PRI

© El Heraldo de México