La palabra persecución se ha vuelto un comodín peligroso. Sirve para nombrar abusos reales del poder, pero también para disfrazar responsabilidades cuando los expedientes alcanzan. Por eso conviene poner orden desde el inicio: no todas las persecuciones son iguales.

Hay, al menos, dos tipos de persecución.

La primera es la persecución política: la que ejercen los gobiernos contra personajes incómodos, críticos o disidentes. Es cuando el poder usa a las instituciones para debilitar, encarcelar o desaparecer adversarios. Es la ley convertida en arma, no en regla.

La segunda es la persecución judicial: la que se dirige contra conductas que presuntamente violan la ley. Aquí no hay épica ni mártires; hay carpetas, auditorías, citatorios, jueces y procesos. Es la persecución de hechos, no de ideas. En este terreno, el Estado no busca silenciar voces, sino acreditar responsabilidades.

Con esa distinción clara, el caso de Tania Vanessa Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, se vuelve revelador. Porque su discurso intenta mezclar ambas persecuciones en una sola narrativa: “me........

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