En Nuevo León, el pleito entre Matrimar y el gobierno de Samuel García ya no se debe leer como una simple disputa ambiental. La pedrera de Cerralvo sostiene desde principios de año que detrás de inspecciones, clausuras y auditorías hubo más bien extorsión institucional. El episodio más delicado surgió con la difusión de un audio en el que Baltazar Martínez Ríos, dirigente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y diputado local, fue señalado como intermediario para solicitar 50 millones de pesos a cambio de destrabar la operación de la empresa. Samuel García rechazó la acusación y sostuvo que los cobros correspondían al Impuesto Verde. Matrimar llevó el asunto a tribunales, consiguió reabrir sus instalaciones después de tres meses y presentó una denuncia penal por presunta extorsión.

La historia tampoco terminó con la reapertura. En septiembre, Matrimar denunció una inspección de 21 horas, con 15 servidores públicos y un notario, además de nuevas auditorías. Y ahora vuelve a poner el tema sobre la mesa........

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