En la década de 1970, Radia Perlman contribuyó de manera decisiva al desarrollo de un protocolo que hizo posible la interconectividad y, por lo tanto, la expansión del internet como lo conocemos hoy. Años después, ese espacio que fue pensado -y hecho realidad en parte por una mujer- para conectar a las personas de todo el mundo, se convirtió en un escenario donde la violencia encontró formas novedosas de reproducirse. La violencia digital contra las mujeres en razón de género forma parte de otra cara de la conectividad que no siempre queremos ver.

A partir de definiciones como aquella propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), podemos resumir que esta violencia parte de agresiones que utilizan redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas digitales para hostigar, amenazar, vigilar o exponer a las mujeres. El componente que no podemos perder de vista es que lo digital es real. Diversos estudios han demostrado que lo que ocurre en línea tiene impactos tangibles en la vida cotidiana. Desde daños psicológicos y autocensura hasta suicidios y feminicidios, los hallazgos relacionados a la violencia contra las mujeres en esta esfera deberían de estar empujando medidas proactivas y urgentes.

Sus manifestaciones son diversas. Van del ciberacoso a la suplantación de identidad, y del acceso no autorizado a cuentas personales a difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Pero el problema ya no necesariamente radica en su categorización, sino en que muchas de estas agresiones se realizan desde perfiles anónimos o identidades falsas, lo que dificulta identificar a las personas responsables y, al mismo tiempo, favorece la propagación e impunidad de estos ataques.

El Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI reporta que, en México durante 2024, el 21% de la población usuaria de internet de 12 años y más fue víctima de ciberacoso. Esto equivale a casi 19 millones de personas, entre las que más de la mitad se identificaron como mujeres. Destaca que en el 60% de los casos, la violencia fue ejercida por personas cuya identidad desconocían, caracterizándose por el envío de mensajes ofensivos en donde el hostigamiento permaneció como una constante.

Uno de los casos que permitió ampliar la visibilidad de esta violencia, y que lo puso en la agenda política, ocurrió hace más de una década. Olimpia Coral Melo, cuando apenas cumplía la mayoría de edad, se enfrentó a la difusión no consentida de un video íntimo. Lo que comenzó como exigencia de justicia frente a una agresión personal, al poco tiempo se convirtió en un movimiento social. De esa experiencia, surgió la llamada Ley Olimpia, un conjunto de reformas que reconoce la violencia digital como una forma de violencia de género y que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

El impacto de esta iniciativa trascendió las fronteras nacionales. La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoce en los movimientos de mujeres el impulso en la construcción de respuestas normativas. Olimpia y la ley que lleva su nombre son el referente regional para nombrar, visibilizar y avanzar en la erradicación de esta violencia.

Sin reglas claras, capacidades institucionales y corresponsabilidad social, el avance de la tecnología como amplificador de desigualdades y violencias puede llegar a un punto sin retorno. Por eso, garantizar que el internet sea un espacio seguro exige acción: responsabilidad de las plataformas, políticas públicas eficaces y una cultura digital sin impunidad. Sobre todo, es necesario promover la información y las herramientas necesarias para salvaguardar nuestras interacciones en la esfera digital.

POR AMALIA PULIDO GÓMEZ

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL EDOMEX

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