El caso de la no extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, ha causado molestias en el gabinete porque varios funcionarios, incluido un secretario de Estado, afirman que la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de entregarlo provocó que el presidente Donald Trump no extendiera el acuerdo comercial con México y Canadá, y estableciera un mecanismo de revisión anual, que abre un periodo de enorme incertidumbre económica que quita incentivos a las inversiones. Hay datos de inteligencia que confirman la decisión de Trump como un acto de represalia, que ni empezaron, ni terminarán ahí.

El 29 de junio se cumplieron dos meses que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros nueve servidores públicos en Sinaloa de haber conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de droga a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. La fiscalía estadounidense pidió su captura inmediata con fines de extradición. Sheinbaum rechazó la petición alegando falta de pruebas, lo que generó una discusión sobre la posible violación del artículo 11 del Tratado de Extradición entre los dos países, dejando abierta la puerta a una acción unilateral de Washington contra Rocha Moya y sus presuntos socios.

La discusión sobre la posible violación del tratado se encuentra en la arena pública. El gobierno mexicano asegura que no incumplió el tratado, porque la solicitud de detención provisional no acreditaba suficientemente la urgencia exigida por el artículo 11, y no había presentado pruebas. Varios juristas, opositores y críticos sostienen que México sí........

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