Candidatos potenciales a que Estados Unidos –si decide ser ortodoxo con sus nuevas políticas de cancelación de visas por afectar sus intereses– los declare algo así como non gratos, son dos altos funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: José Merino, uno de los más cercanos a ella, cuya “súper agencia” de Transformación Digital instaurará un estado policial, y Zoé Robledo, director del Seguro Social.

No sería por tener relaciones con el narcotráfico, que no es el caso, o cantar corridos de apología de los criminales, que tampoco lo es. Les podría llegar la sanción si el presidente Donald Trump le quiere subir el calor a la estufa en donde tiene parada a Sheinbaum.

Merino, autor de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, criticada por el tufo censor que tiene, tuvo que recular y tragarse los calificativos de autócrata para evitar que cayeran en la presidenta, que está tan convencida como él de construir los instrumentos para silenciar la disidencia.

Sheinbaum anticipó que se eliminaría el artículo más controvertido de la ley, el 109, que le daba a Merino la facultad para bloquear plataformas digitales, sin importar las restricciones a la libertad de expresión y la previa censura, cuyo camino pavimentaba.

Sin embargo, Sheinbaum y Merino han dejado vivo el artículo 201, que establece que los concesionarios necesitan autorización previa de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacionalidad extranjera, inclusive en........

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