Pues déjenme decirles que este es un caso que pone en juego el derecho a la defensa y el derecho a ejercer la abogacía.

En julio de 2025, Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, se declaró culpable ante una corte federal en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Hasta ahí, lo esperado. Ahora bien, lo que nadie anticipó fue el golpe político que seguiría.

Que, a la salida de la audiencia, su abogado, el penalista neoyorquino Jeffrey Lichtman, aplicara la máxima “Mi pecho no es bodega” y no se guardara nada; habló ante la prensa. Criticó con fuerza al gobierno mexicano, pero no sólo eso, se fue directo contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dijo, con todas sus letras, que la presidenta de México “actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano”.

La respuesta del gobierno fue inmediata, por lo que el 14 de julio de 2025, en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum anunció una demanda en contra Lichtman.

Y remató: “No voy a establecer negociaciones con el abogado de un narcotraficante y vamos a presentar una demanda de difamación en México porque no se puede dejar pasar”, declaró con visible molestia.

Dos días después, la mandataria afirmó que la demanda por difamación ya había sido presentada por la Consejería Jurídica y que estaba en trámite ante tribunales civiles de la CDMX.

No se conocen los detalles........

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