Hace casi un año fueron tres las instituciones señaladas desde Estados Unidos por presunto uso para lavar recursos del narco, y hoy ya no operan. El mensaje fue claro entonces, y vuelve a serlo ahora: no basta con crecer, hay que saber con quién se crece y ayer se recibió un recordatorio incómodo: el riesgo no siempre entra por la puerta de los mercados, a veces llega por la ventanilla de los clientes.

El nuevo episodio, con el señalamiento al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a varios de sus colaboradores por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, no es menor para el sistema financiero. No sólo por el peso político de los implicados, sino por la inevitable onda expansiva que genera en los controles de cumplimiento y el riesgo reputacional que podría significar, si no se reportaron operaciones inusuales, relevantes o preocupantes a las autoridades financieras.

Ayer, ya en distintas áreas de bancos y casas de bolsa, más de uno revisaba expedientes, cruzaba operaciones y se adelantaban a lo que podría convertirse en requerimientos formales de información desde el extranjero.

Cualquier institución que opere con corresponsales en ese país sabe que la trazabilidad del dinero no se negocia. Y cuando hay alertas de este calibre, los tiempos se acortan: reportes listos, cuentas bajo lupa y, si es necesario, cierres preventivos, aunque el bloqueo de cuentas es casi un hecho.

Desde luego, que las señales recientes estuvieron dadas para anticipar que vendría un golpe de este tipo: primero, el mensaje del embajador Ron Johnson en contra de la corrupción desde Los Mochis, Sinaloa, con motivo del arranque de la construcción de la planta Pacífico Mexinol en Topolobampo. Segundo, el reportaje dominical de Los Angeles Times sobre la próxima campaña anticorrupción contra funcionarios y políticos mexicanos, particularmente señalando la revocación de la visa del gobernador de........

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