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Corría 1996 y en Colombia la mayor parte de la agenda informativa la copaba ese gran escándalo llamado Proceso 8.000 que hizo evidente la simbiosis funcional entre narcos y políticos. Lo más rescatable de ese tiempo fue el papel que cumplieron la prensa y la rama judicial, denunciando y procesando congresistas, gobernadores, alcaldes, que terminaron en la cárcel. La prensa y los jueces, entonces, estuvieron a la altura y no decepcionaron. Los políticos, como era de esperar, estuvieron muy por debajo del momento histórico y en el cinismo que les es connatural, regresaron casi todos en cuerpo ajeno: sus hijos, nueras, yernos heredaron las curules. La mayor decepción fue el Congreso, que a pesar de la evidencia contundente decidió absolver al presidente Ernesto Samper.

Siempre he creído que si Samper cae, la democracia colombiana sería un poco distinta, quizá ligeramente mejor, un poco más seria, porque, aunque el 8.000 no propició una real depuración de la clase política, el precedente de juzgar y destituir al más intocable de los intocables del país habría abierto una puerta a la cautela, a una eventual autocontención del enorme poder presidencial. Quizá nos hubiéramos evitado en el futuro el descaro e impunidad del presidente Uribe de comprar congresistas para hacerse reelegir, un episodio en el que todos los involucrados terminaron en la cárcel, menos Uribe, y en el que la propia........

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